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Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Sussy Riquelme y Juan Ledesma, además de acusar a Melgarejo Ginard, hicieron lo mismo contra Juan Carlos Turitich Báez, Marcelo Rubén Ovelar (hijo del juez Elio Ovelar y la fiscala anticorrupción Marlene González), Luz María Chamorro, Fernando José Gallardo, Katherine Pamela Toñánez y Carlos Alberto Vargas Franco.
La acusación de la fiscalía anticorrupción es referente a la adjudicación para la compra de mascarillas en el marco de la Emergencia Sanitaria por el covid-19, a precio supuestamente sobrevaluado. El Ministerio Público explica que se detectó la existencia de un esquema delictivo en la Dinac, para la comisión de un fraude contra el Estado.
Refiere que las evidencias colectadas en el transcurso de la investigación permiten concluir que ese esquema delictivo se encontraba diseñado con el fin de desviar fondos públicos y causar un perjuicio a la institución estatal.
“Édgar Melgarejo, en su carácter de presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, con la ayuda del gerente Financiero, Juan Carlos Turitich, del coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones, Marcelo Ovelar, de la Lic. Luz Chamorro y del Lic. Fernando Gallardo, miembros del Comité de Evaluación, confeccionaron y maniobraron los procesos administrativos para adjudicar el llamado de licitación por Vía de la Excepción N° 10/2020 “Adquisición de mascarillas de protección para la Dinac, en el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19”, a la empresa Proyectos Global S.A., la cual fue utilizada en el llamado de Contratación, dentro de un esquema montado para desviar fondos públicos y encubrir a quienes serían los beneficiarios reales con la obtención de ganancias ilícitas”, refiere el escrito.
En ese esquema delictivo, dice la acusación fiscal, Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas, supuestos representantes de la empresa Global, tenían conocimiento de antemano acerca de la operativa para ofrecer las mascarillas que ofrecía a la Dinac y completaron el circuito con su presentación de oferta, lo cual se produjo el 27 de marzo de 2020 a las 9:30 h en oficinas de la Dinac.
El perjuicio estimado en este caso
El perjuicio patrimonial estimado por la fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción es de 119.960.000 de guaraníes.
“Las ofertas fueron realizadas y adquiridas a un precio superior al valor del mercado y además las mismas, al momento de la adquisición, se hallaban vencidas, siendo el daño no solo económico”, sostienen los fiscales Juan Ledesma y Sussy Riquelme.
El juez Miguel Ángel Palacios debe convocar a audiencia preliminar, donde se debatirá si la causa se eleva a juicio oral y público.
Los imputados se encuentran con libertad ambulatoria.