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El documento de 15 páginas y 44 artículos establece que las mujeres que aspiren u ocupen cargos públicos y electorales no podrán ser agredidas, calumniadas ni padecer discriminación por su género.
Entre sus definiciones prohíbe manifestaciones leves de violencia política como restringir el uso de la palabra hasta imponer tareas bajo estereotipos.
Entre las manifestaciones gravísimas figuran “Divulgar imágenes, mensajes o información de la vida personal y privada de una mujer candidata (....) con el propósito de desacreditar, agraviar y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política”.
En sus atribuciones se ordena a la Justicia Electoral “Ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política” así como “Exigir a los medios de comunicación y redes sociales la adopción de regulaciones”.
También establece que los candidatos pueden ser inhabilitados y los partidos dejar de recibir el aporte estatal entre otros puntos.