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Mientras restaurantes y bares deben cerrar y organizadores deben adaptarse a las restricciones, los transportistas siguen siendo “intocables” porque nunca cumplieron las medidas sanitarias en esta pandemia, enfatizó el representante de las pequeñas y medianas empresas.
“En unos 10 metros cuadrados pueden meter 40 personas, con vidrios y puertas cerradas… siendo un foco gigantesco de contagio”, puntualizó.
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Así también, resaltó que los miembros del gremio se niegan a cerrar a las 20:00 debido a que la situación de las empresas ya es muy crítica, sobre todo teniendo en cuenta la poca cantidad de clientes que reina por el miedo a salir en el marco del colapso sanitario.
En ese sentido, aseguró que no hay leyes que habiliten al Gobierno a llevarlos presos si no cumplen el decreto y, legalmente, hoy “pasa por la buena voluntad de las personas cerrar o no”.
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Asimismo, añadió que otro de los motivos que contribuyen al enojo de los empresarios es precisamente la improvisación del Gobierno, pues las pocas vacunas que llegan se aplican muy lentamente. Criticó la gestión de la pandemia, que es mala en todos los aspectos, y el hecho de que la inoperancia genera aún mayor desconfianza.
“Sigue la improvisación y esa es la parte que más nos asusta porque dependemos de las planificaciones, el flujo de caja depende de tener planificación a mediano y largo plazo, pero vemos un Gobierno que sigue sin planificar ni siquiera a corto plazo”, enfatizó.
De la misma manera, criticó que mientras el sector privado agoniza, el Estado sigue brindando muchos beneficios al funcionariado y se sigue despilfarrando el dinero público.
Por otra parte, Tavella añadió que lo que piden muchos es básicamente poder operar al menos hasta la medianoche, porque hoy la ciudadanía ya está acostumbrada a acudir a los bares y restaurantes muy temprano.
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Cabe recordar que desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo tiene vigencia un decreto presidencial que establece la restricción de circulación entre las 20:00 y las 5:00 en alrededor de 60 ciudades consideradas con mayor nivel de contagio del COVID-19.
Esa medida generó una ola de cierre de bares y restaurantes, algunos de manera permanente y otro temporalmente, cuyos propietarios recurrieron a la suspensión laboral de sus empleados para evitar la quiebra total. Todas las noches se ven despliegues policiales nunca antes vistos y los uniformados salen a las calles con el único fin de obligar al cierre de los locales y el acatamiento de las medidas previstas en el decreto.
Los empresarios reclaman debido a la poca asistencia del Gobierno y la imposibilidad de cubrir salarios y altas deudas que se generan con entidades estatales como la Essap, la ANDE y la SET.
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