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El tribunal de apelación integrado por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez Faría y José Agustín Fernández hizo lugar a la apelación presentada por la fiscala Victoria Acuña y anuló la Sentencia Definitiva N° 402, del 26 de noviembre de 2020, por la cual se dictó la absolución de los acusados Raúl Fernández Lippmann y Cristian León Guimaraes, de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El tribunal de alzada alega que la sentencia dictada por los magistrados Juan Pablo Mendoza (presidente), Laura Ocampo y Fabián Weisensee es contradictoria porque dio “plena validez a las pericias de Darío Vázquez Piatti y Natalia Giménez, quienes usaron como base la pericia incompleta de la Contraloría General de la República, sin embargo concluye que los hechos punibles acusados no fueron probados”.
Los camaristas también cuestionaron que el fallo del tribunal de sentencia indica que “no se ha acreditado en juicio ni el origen del dinero así como tampoco su destino es decir no se ha establecido una trazabilidad respecto al movimiento del dinero”.
Indican que esta fundamentación es contradictoria, ya que la acusación es por los hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y el tribunal consideró que no existe trazabilidad del dinero. Sin embargo, más adelante puntualiza que “resultando atípica la conducta referida al enriquecimiento ilícito, tampoco es posible construir la tipicidad del lavado de dinero”.
El tribunal de apelación argumenta además una falta de valoración armónica de las pruebas producidas en el juicio oral y destacan sobre este punto que los jueces de sentencia no explican en su fallo por qué dieron como válido el testimonio de la señora Maxdonia Fernández, tía de Raúl Férnández Li-
ppmann, y descartaron todo el caudal probatorio ofrecido por la fiscal Victoria Acuña.
En su declaración, la tía del exsecretario del JEM afirmó que el “partner” de González Daher formaba parte del grupo que vendía los libros escritos por ella y cobraba entre G. 4.500 y G. 5.500 por cada ejemplar de la obra “Lengua Española Teoría y Práctica”; y que con ese ingreso aumentó considerablemente su patrimonio.
Pidió 8 años de cárcel
La fiscala Victoria Acuña aseguró que en el juicio oral probó que Fernández Lippmann se enriqueció ilícitamente, entre los años 2007 y 2017, cuando ocupó el cargo de secretario general del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por lo que pidió que sea condenado a 8 años de prisión.
Afirmó que el acusado no pudo justificar ingresos por la suma de G. 1.327.393.602, ya que el único ingreso legal que el acusado tenía era su salario como funcionario del JEM, donde mensualmente cobraba aproximadamente unos G. 22 millones.