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Se trata del expediente Nº 40.788 presentado ante el portal de Acceso a la Información Pública (AIP) ante la falta de respuesta por los canales correspondientes para la prensa. De esta manera, se constata una vez más la falta de comunicación sensible vinculada a un servicio que el Estado terceriza y es proporcionado por empresarios, que además de lucrar con la prestación reciben ayuda estatal desde el 2012, año en que el presidente Fernando Lugo creó el subsidio para los transportistas.
Al cierre de 2020, los empresarios recibieron las transferencias de más de G. 400.000 millones, según la información obtenida por ABC recurriendo al mismo mecanismo (expediente Nº 39.074), ya que no se encuentra disponible en la web de la institución. Tampoco existe el listado de concesionarias, ni el detalle de recursos cobrados por mes y al año, dinero que el Estado recauda con el pago de impuestos de todos los contribuyentes del país.
En contrapartida, los usuarios del servicio padecen la disminución de frecuencia de los buses, y se les obliga a esperar más de lo habitual y violando lo establecido en el contrato firmado con el Estado.
Además, varios de los buses que circulan registran aglomeración de pasajeros, en contra de la disposición sanitaria para disminuir las posibilidades de contagios del coronavirus y en momentos que se registra una gran cantidad de pacientes.
El VMT informó que el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, constató estas irregularidades y ordenó sanciones a las empresas afectadas. Sin embargo, en una entrevista en Radio 1000 AM afirmó que no dispone de la potestad de obligar a los transportistas a pagar sus multas. “No se están pagando las multas y hoy no hay ningún tipo de mecanismos que nos permita inhabilitar por no pagar multas”, dijo.
Fue consultado si existen firmas sancionadas y que de igual manera cobraron subsidio estatal, pero no respondió.
Tampoco permite que un equipo periodístico de ABC acceda a los datos del Centro del Monitoreo del Billetaje Electrónico.