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La auditoría que plantea encomendar el Senado a la Contraloría sobre los gastos socioambientales de los entes binacionales se refiere al periodo de tiempo comprendido entre el 15 de agosto de 2018 hasta ahora, es decir, durante la actual administración de gobierno.
El proyecto presentado por Llano también dispone solicitar a la Contraloría General de la República realizar todas las acciones necesarias tendientes a garantizar el uso de los recursos otorgando absoluta prioridad a la salud y a la vida de los compatriotas como derechos primarios consagrados en nuestra Constitución.
El legislador del PLRA fundamentó su proyecto en la necesidad de transparentar el uso de los fondos sociales y conocer el destino final de los mismos. Asimismo, señala que urge alcanzar la mayor eficiencia en el uso de todos los recursos del Estado para atender los problemas sanitarios y socioeconómicos de la pandemia.
Llano señala que la Contraloría tiene la atribución para realizar esta tarea, ya que el artículo 281 de la Constitución lo define como el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado y en su artículo 283 establece como sus atribuciones la fiscalización de las cuentas nacionales de empresas o entidades multinacionales de cuyo capital participe el Estado en los términos de los respectivos tratados.
Destaca también que los tratados de Itaipú y Yacyretá reconocen que los altos directivos de las entidades que cometan actos lesivos a los intereses de las binacionales serán investigados y juzgados de conformidad a las leyes nacionales respectivas.
En otra parte de su fundamentación, indica que la participación de la Ande como socio de las entidades confirma la participación directa del Estado, lo cual habilita a su control por parte de la Contraloría General.
Molestia
El senador Llano anunció la presentación de su proyecto luego de que el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, lo mencionara como uno de los políticos que le hizo “pedidos”.
Llano rechazó esas expresiones y dijo que no tiene ningún pariente en los entes binacionales y que tampoco solicitó nada, acusando de mentiroso al exmandatario.
Apuntó también que Yacyretá tiene un convenio con la Contraloría, pero que la misma se refiere a los royalties y Fonacide entregados a municipios y gobernaciones y que, por ley, deben ser auditados por la Contraloría General.