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“Seis mil son el total de las empresas que recurrieron a las suspensiones, no todas están investigadas. Son pocos casos, pero es un modus operandi lo que estamos investigando”, indicó Bogado, haciendo énfasis en no dar nombres de las firmas hasta no tener elementos que confirmen irregularidades.
Afirmó que lo que tienen ahora son sospechas fundadas y que una vez que culminen las indagaciones, verán qué medidas administrativas o penales asumirán. “Hay que ver qué tipo penal sería sobre está apropiación entre comillas de dinero público”, dijo.
Conforme expresó, las empresas que incurrieron en dicha irregularidad deberán revertir los pagos al IPS. “El empleado no va a retornar ese dinero, debería ser la empresa que incurrió en ese ilícito”, aseveró.
Remarcó que hubo denuncias anónimas de los trabajadores, que en muchos casos tienen miedo a denunciar y que se cruzó información del Ministerio de Trabajo para verificar la situación de los trabajadores, si realmente existen suspendidos y si se notificó de ello a los mismos. También reiteró que está tratando de corroborar el método y si se cometió o no una irregularidad.
Igualmente, mencionó que aún no se puede hablar de un perjuicio económico a la previsional porque todavía no se comprobaron los ilícitos. Una vez que se confirmen las irregularidades se podrá dar una lista de las empresas involucradas y si hubo o no daño económico.
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Por su parte, Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas de la previsional, manifestó que se está haciendo una revisión administrativa de una muestra de 6.000 empresas para determinar la comisión de la irregularidad que consiste en decirle al empleador que está suspendido pero que igual debe ir a trabajar y que el salario será abonado por el IPS.
Comentó que este hecho constituye un perjuicio enorme para el trabajador que percibe menos de su salario habitual y debería estar en su casa, sin exponerse a contagios.
Halley fue enfático al explicar que no se trata de 6.000 empresas que incurrieron en la irregularidad sino que se tomaron como “muestra” a esta cantidad para la realización de las verificaciones. “No es que seis mil empresas cometieron el fraude”, aclaró.
Cabe recordar que la investigación de las supuestas irregularidades cometidas por empresas con la compensación económica a sus empleados suspendidos, se dio tras denuncias de que presuntamente firmas que se acogieron a la suspensión laboral de sus empleados igual los hicieron trabajar. El delito por los que podrían ser procesadas es “apropiación”, según manifestaron.
El resultado de la investigación se tendrá en un plazo de 15 a 20 días. Aún no se puede precisar el monto de la apropiación, conforme a las autoridades del IPS.