Declaran ínfimos gastos de campaña

Seis precandidatos a intendente para la ciudad de Pdte. Franco, departamento de Alto Paraná, informaron, a través de su declaración de ingresos y gastos de campaña (DIGC), que cuentan con hasta G. 135 millones para el proselitismo. Mientras que otros cinco intendentables comunicaron llamativamente que nada gastarán.

DECLARACIÓN DE LOS CANDIDATOS
DECLARACIÓN DE LOS CANDIDATOS

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PRESIDENTE FRANCO (Fredy Flores, corresponsal). El exdiputado Juan Bernardo Ziet Correa, del movimiento Participación Republicana, consignó en su DIGC que dispone de G. 135 millones -provenientes del fondo de jubilaciones parlamentarias- para su campaña electoral. Además, indicó que tiene equipos informáticos por G. 30 millones para la logística.

Mientras que el candidato oficialista Luis González Vaesken, de Concordia Colorada, hermano del gobernador de Alto Paraná Roberto González Vaesken (ANR), comunicó un plan financiero de solo G. 43.193.888 y una camioneta de G. 450 millones para la logística. Por su parte, la concejal liberal Julia Ferreira de Cambio Radical aseguró que gastará G. 20 millones y que cuenta con un furgón de G. 40 millones.

Entre los candidatos independientes, Luis Chávez Rotela del Partido Nacional Unámonos consignó un plan de egresos de G. 11.295.000; Nilo Mármol Mázquez de Franco Oku’e estimó en G. 4 millones, y Lucas Insaurralde Godoy, del Movimiento Acción Social de Presidente Franco, afirmó que gastará G. 1 millón.

En tanto que otros cinco intendentables (ver infografía) aseguraron que no gastarán en su campaña electoral. Lo llamativo es que la DIGC del actual intendente Roque Godoy (PLRA, equipo del cuestionado expulsado senador Dionisio Amarilla), quien aspira a la reelección, no aparece en el banco de datos virtual del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Godoy aseveró a nuestra redacción que presentó la declaración jurada.

Por mandato de la ley de financiamiento político, todos los candidatos a cargos electivos están obligados a presentar su declaración de ingresos y gastos para la campaña antes de las elecciones, al igual que una rendición tras los comicios. El incumplimiento de esta exigencia conlleva una sanción de diez años de inhabilitación para ocupar cargos electivos. La mayoría de los candidatos declaran montos irrisorios.

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