El Poder Ejecutivo resaltó que en la reglamentación de la ley del uso de fondos sociales de las binacionales para salud pública se buscará “priorizar los programas de protección social” e inmediatamente se dispararon las alarmas de los legisladores que consideran que existe el riesgo de que finalmente dichos recursos provenientes de Itaipú y Yacyretá no sean destinados en su totalidad al fortalecimiento del sistema sanitario.

En ese sentido se pronunció la diputada Celeste Amarilla. “Creo que sí van a tratar de destinar solo una parte a esta ley y van a defender el resto”, comentó a ABC Color.

La legisladora hizo énfasis en que, en el contexto actual, antes que la realización de obras públicas, es prioritario salvar las vidas de los paraguayos. “Quizás esta sea la última oportunidad que tienen de resarcirse con la gente, con el pueblo y hacer algo por la gente sin presión, sin que el Congreso les obligue por la ley”, aseveró.

En ese contexto, explicó que si bien en la ley no se establece que el 100% de dichos recursos deben ser destinados a Salud, hizo hincapié en que “se apela al sentido común”, esperando a que primen las necesidades de los enfermos y familiares de los afectados por el coronavirus.

También remarcó que esta es la oportunidad de ponerle fin al despilfarro de recursos de las binacionales y que se transparente el destino del dinero proveniente de las hidroeléctricas. “El pueblo quiere que haya dinero para salvar vidas, nadie hoy quiere puentes ni becados y mucho menos el despilfarro de esa plata que según publicaciones van hasta a asociaciones de dudoso origen y de dudosas funciones”, subrayó.

Este lunes, en conferencia de prensa el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann, anunció que el Poder Ejecutivo promulgó la ley del uso de los fondos socioambientales de las binacionales para la lucha contra el coronavirus.

En sus declaraciones, Huttemann dio mayores detalles de cómo serán utilizados estos recursos y se limitó a decir que la normativa será reglamentada por el Ministerio de Hacienda, la cartera sanitaria y los directivos de las binacionales. No obstante, enfatizó que se buscará salvaguardar los programas de protección social.

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