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La firma representada por Hugo Wilson Armoa presentó la querella por los supuestos hechos de calumnia, difamación e injuria contra nuestro compañero de tareas. Esto luego de una serie de publicaciones sobre el intento del IPS en Alto Paraná de comprar un sistema informático para el hospital regional por US$ 6 millones, en plena pandemia.
La previsional estuvo a punto de entregar el contrato a la firma Green SA en dos oportunidades, pero el proceso fue parado en ambas ocasiones por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
En la segunda oportunidad, el Consejo de Administración de la previsional anuló todo el proceso basado en un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que alertaba sobre varias irregularidades.
Ni siquiera fue notificado
Lo grave del caso es que Lezcano ni siquiera fue notificado de la admisión de la querella por parte de la jueza Olga Elizabeth Ruiz González.
La magistrada fijó para mañana una audiencia de conciliación, pero el periodista de ABC ni sus abogados recibieron notificación alguna sobre el proceso, violentando claramente los derechos procesales del comunicador.
Nuestro compañero se enteró en la noche del sábado de la existencia de la querella, luego de leer una nota publicada en la edición digital del diario La Nación, propiedad del Grupo Cartes, grupo empresarial del expresidente de la República, Horacio Cartes.
Direccionado, según CGR
En marzo pasado, la CGR había remitido una nota al presidente del IPS, Vicente Bataglia Araújo, en la que reconfirmó lo que ya se había señalado en un informe de diciembre del año pasado sobre el proceso de licitación para la adquisición de un sistema informático para los hospitales de la institución asentados en el departamento de Alto Paraná.
En esa oportunidad, la entidad de control había señalado categóricamente que el proceso por el cual la previsional pretendía gastar casi G. 40.000 millones violentaba el derecho a la igualdad y competencia de la Ley 2051 “De Contrataciones Públicas”. Básicamente, alertaba sobre un posible direccionamiento, pues lo establecido en el pliego de bases y condiciones podía ser cumplido única y exclusivamente por una sola empresa.
“En el pliego de bases y condiciones se han establecido requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”, dice taxativamente una de las observaciones realizadas por la Contraloría General al proceso de compra de un sistema informático encarado por el Instituto de Previsión Social.
El informe había sido enviado al IPS ya el 3 de diciembre del año pasado.
A pesar de las advertencias de la CGR, la previsional, encabezada entonces por Andrés Gubetich Mojoli, decidió adjudicar casi 20 días después a la firma Green SA, de Hugo Wilson Armoa.
El plan fue nuevamente frenado, tras publicaciones de ABC Color que generaron que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tomara intervención y congelara cualquier pago.
Disgustado por dicho impedimento y alegando carencias tecnológicas, Gubetich Mojoli ordenó que los funcionarios de la previsional remitieran nuevas respuestas a la Contraloría sobre las diversas observaciones. El ente de control las consideró improcedentes, pues el plazo había fenecido meses antes e incluso ya se le había otorgado una ampliación del plazo legal establecido.
Más molesto aun por las publicaciones de nuestro compañero, ahora el propietario de la firma presentó una querella contra el periodista que publicó las notas, en un claro intento de amedrentamiento.