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Exigen que se adopte, como criterio fundamental, que el Paraguay ejerza plenamente su soberanía hidroeléctrica (50% del caudal hidráulico del río Paraná y 50% de la potencia y energía correspondiente, generada en la Central) a partir del próximo 14 de agosto del año 2023.
En forma más detallada, dividen los criterios a tener en cuenta para la revisión del Anexo C de Itaipú: como la imperiosa necesidad de superar, previamente a toda revisión, las actuales extremas debilidades del gobierno paraguayo; cuáles deberían ser, propiamente, los criterios de revisión del Anexo C de Itaipú; y, la necesidad de evitar caer en apresuramientos que agraven aún más la debilitada posición paraguaya.
“En primer lugar, debido al no ejercicio –y a la falta de condiciones para el ejercicio– de la soberanía hidroeléctrica plenamente en este mismo momento, el Paraguay se halla indefenso en situación de extrema debilidad, que no hace recomendable iniciar el proceso de revisión del Anexo C de Itaipú, sin antes superar las causas de tal indefensión y debilidad extrema”, expresan.
Indican que esa debe ser la primera preocupación de la Cancillería. Previamente al inicio de cualquier conversación oficial con el Brasil, para revisar el Anexo C, se deben remover todas y cada una de las causas que nos debilitan, como la falta de infraestructura eléctrica que permita las mejores condiciones para vender/exportar la totalidad de la parte del 50% de la energía de Itaipú que no usamos y que disponemos como país.
Cuestionan la ausencia de una postura clara del gobierno, para la revisión del Anexo C de Itaipú, y “el lamentable no ejercicio de la soberanía hidroeléctrica hasta hoy, lo que permitió que empresas privadas argentinas exporten al Brasil nuestra energía hidroeléctrica de Yacyretá a 141,4 US$/MWh, entre octubre del 2020 y febrero del 2021, con beneficio cero para la ANDE”.
También la no remisión, desde hace años y hasta ahora, de toda la documentación que exige la Contraloría General de la República para que este ente de control pueda terminar la auditoría de la deuda de Itaipú Binacional.
Asimismo, la no constitución de una Unidad Exportadora dentro de la ANDE y, la negativa del PE de dotarle a la ANDE de autarquía.
En segundo lugar, dan a notar que hasta ahora el Poder Ejecutivo carece de una propuesta concreta con relación a la revisión del Anexo C de Itaipú, que contemple los intereses nacionales. “¿Qué va a exigir el Paraguay? ¿Qué se va a proponer? No existe documento oficial alguno que se haya compartido con la ciudadanía”, dice el escrito.
Y en tercer lugar, aseguran que se debe dejar sentada claramente la postura que en ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, se reducirá la actual tarifa de exportación, de la energía que el Paraguay no consuma internamente, al Brasil, antes –ni durante y tampoco después– de la revisión del Anexo C de Itaipú, por más que se reduzcan los costos del servicio de electricidad. “Al contrario, tal precio de exportación deberá ser igual a los precios de mercado desde el 2023, o incluso antes; nunca inferiores a los actuales precios de exportación. Consiguientemente, no existe apuro alguno para adelantar la revisión del Anexo C de Itaipú, marcada para el 14 de agosto del 2023, pues la reducción del costo del servicio no tiene por qué implicar la reducción de la tarifa, como erróneamente sostiene el encargado técnico designado por el Poder Ejecutivo”, puntualizan.