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Sonia Cáceres, presidenta de la Asociación de Empresas Paraguayas de Proveedores para Eventos (Aseppe), detalló que los gremios que representan a las mipymes y pymes del país, que estarían afectadas por las nuevas disposiciones, aguardan respuesta de las autoridades económicas y sanitarias sobre observaciones realizadas al nuevo protocolo a ser implementado.
Por su parte, Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), indicó que en esta reunión con las autoridades se estará negociando una contrapropuesta económica consensuada por los gremios, con lo que estiman ayudaría en algo a paliar el difícil momento por el que atraviesan empresas, principalmente del rubro gastronómico, eventos y bares, que serían las más afectadas por las restricciones. En ese sentido, acotó que esperan ser convocados por las autoridades económicas hoy o mañana.
A su vez, Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), dijo que aguardan ser convocados hoy o mañana por las autoridades para negociar estos puntos. “Les pasamos una propuesta, más bien unos temas a discutir. Vemos buena predisposición de parte de la ministra Carmen Marín y el ministro Óscar Llamosas”, agregó Tavella.
Observaciones
Tavella mencionó algunos de los puntos que incluyen esta agenda sobre los temas para la contención económica, como las transferencias al Instituto de Previsión Social (IPS), de dotar más fondos para subsidios a trabajadores suspendidos en el marco de la pandemia.
Además, solicitan mayor transferencia de fondos a Fogapy para ser canalizados a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) y demás bancos privados. Las medidas económicas solicitadas incluyen facilidad para nuevos créditos de reactivación pensando a mediano plazo y estudio de tasas para plazo no menor de cinco años, entre otros.
En una reunión previa con autoridades del Ministerio de Trabajo, se informó a los representantes de gremios empresariales que en el último mes se registraron 10.000 solicitudes de suspensión laboral y los empresarios estiman que, de aplicarse nuevas restricciones para contener los contagios, esa cifra podría triplicarse por lo que insisten en que el plan sanitario contemple la situación económica.