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El doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, comentó hoy a ABC Color que la reglamentación se terminó ayer en cuanto a los datos de quiénes serán los beneficiados, la lista de medicamentos básicos, pacientes que están en hospitales privados, entre otros.
Martínez explicó que la reglamentación permitirá cubrir la diferencia entre lo que cubre el seguro privado y el Estado va a abonar desde el momento en que el familiar solicite el pago. “Por ejemplo, una estadía de ocho días en un sanatorio privado con seguro privado, y el paciente debe seguir en terapia, el Estado cubrirá a partir de ese día solicitado”, dijo.
En cuanto al control de cada caso de los pacientes en los sanatorios privados, el doctor señaló que existen auditores médicos que dependen de la dirección de terapia intensiva. “Se auditan todos los medicamentos que le fueron aplicados al paciente”, explicó.
“Aquellos sanatorios privados que no tengan convenio con el Ministrio, les invitamos a que soliciten el convenio para que los procesos sean más ágiles. En el caso de los pacientes que vayan directo a un sanatorio privado, se analiza que sea un paciente COVID-19 y también será beneficiado. En cuanto a las complicaciones por secuelas tras sufrir la enfermedad serán evaluadas por los auditores”, añadió.
El doctor explicó además que serán beneficiados los pacientes que estén en una sala UTI y aquellos que estén siendo terapisados con respirador, máquina en una sala, pero que está con el mismo régimen de una terapia.
Indicó además que la ley cubre a todos los hospitales integrados, como Ingavi, el Hospital de Ciudad del Este y el Hospital de Clínicas.
En el caso de pacientes que ya salieron de UTI, y quieran solicitar el resarcimiento de los gastos, podrían pedir pero a través de un amparo judicial.
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El viceministro señaló que el cálculo aproximado para esta cobertura es de dos meses y medio a tres mes, pero no terminará allí. “Hicimos un cálculo aproximado según el monto, entonces mucho antes de que se llegue a esa situación, se verá una reprogramación presupuestaria para sostener la ley”, afirmó.
Por último, Martínez, indicó que son más de 600 los pacientes derivados al sector privado hasta el momento y que hasta hoy existen entre 25 a 30 pacientes que buscan una cama de UTI.