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CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). El concejal de este distrito presentó una denuncia ante el fiscal Rodolfo Colmán, para que investigue al jefe municipal por lesión de confianza y apropiación. Señala que desde mayo del 2020 hasta la fecha no percibe su dieta ni gasto de representación, y que el caso se da en represalia por objetar la gestión del intendente.
El concejal relató que en 2020 fue electo presidente de la Junta Municipal, y que desde ese entonces el intendente local, imputado por falsificación, decidió no abonar la dieta y gasto de representación que hasta la fecha asciende a más de G. 54 millones.
Explicó que la dieta mensual de un edil es de G. 3 millones y G. 1.500.000 perciben por Gasto de Representación.
Ante dicha situación, la Junta Municipal por resolución Nº 411/2020 del 16 de diciembre decidió solicitar informe al ejecutivo municipal sobre el incumplimiento de pago de dieta y gastos de representación de los concejales colorados Ángel Enrique González, Carlos Amarilla, de la edil liberal Margarita Miró y el concejal Aníbal Benítez (FG). Sin embargo, tampoco recibieron ninguna información ignorando en todo momento a la Junta Municipal.
El concejal señala que el solo se decidió denunciar, pese a que los demás también están siendo perjudicados con la retención de sus dietas y gastos de representación. “Yo consideré que el intendente está transgrediendo la Constitución Nacional, en su artículo 168 establece que los gobiernos municipales constituyen un intendente y la Junta Municipal”, dijo.
“Además, incumple lo que establece la ley orgánica municipal Nº 3966/2010, que en su artículo 28 señala que los miembros de las Juntas Municipales percibirán una dieta mensual, la que será prevista en cada ejercicio presupuestario”.
Intentamos conocer la versión del intendente, pero no atiende la llamada ni contesta los mensajes.
Ley contra la práctica
El 15 de abril último, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley para castigar a las intendencias que retengan los sueldos de los concejales opositores. Para ello se plantea que Hacienda congele las transferencia de los royalties que recibe el municipio.