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El agente del Ministerio Público aseguró que la causa por la venta de medicamentos provenientes del Ministerio y del Instituto de Previsión Social no está “cajoneada” y en “estos días vamos a tener avances en la investigación. Vamos a tener resultados en breve”, prometió.
Añadió que los indicios hablan de presuntas estructuras “de connivencia” de funcionarios internos y médicos para el retiro de medicamentos de las farmacias internas, con las recetas correspondientes. Dijo que están viendo quiénes serían los enfermeros que retiran los insumos y los profesionales de la salud que expiden las recetas.
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“El medico es el que sabe cuál es la posología de cada medicamento; por lo menos hay una omisión de los médicos en ese sentido”, añadió. Legal indicó que la posible causa penal sería asociación criminal, pero todavía no tienen todos los elementos suficientes para sostener una imputación y posterior acusación.
“Es muy adelantado para hablar de tipos penales, pero sí, sería una asociación criminal. Es una forma que están utilizando para quitar de a poco los medicamentos, aunque también habría estructuras más grandes”, añadió.
El agente del Ministerio Público aún no ha incluido ningún nombre oficialmente en la causa, pero aseguró que ya hay varios sospechosos y están escalando en el orden jerárquico para determinar responsabilidades. “Nuestro deseo es llegar a las altas cabezas, por eso mantenemos cierto secretismo”, argumentó.
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Insumos chinos
Por otra parte, habló sobre la causa conocida como la de los “insumos chinos” y resaltó que es la única en la cual el empresario Justo Ferreira está imputado y acusado, por lo cual negó que esté estancado o “encajonado” el proceso.
Sobre por qué no formula imputación por estafa, el fiscal Legal dijo que tienen hechos punibles “más importantes” en cuanto a la punibilidad. “El marco penal de estafa es de 5 años. Nosotros acusamos por asociación criminal, producción de documentos y contrabando. Tenemos marcos penales de 15 años, el triple de lo que tanto se insiste que se impute”, argumentó.
Aseguró que solicitaron varios informes técnicos para determinar si los insumos solicitados cumplían o no las especificaciones del pliego de bases y condiciones. “El Ministerio Público sigue trabajando en esa causa. Si todavía no hay elementos suficientes no se imputa, por más que me publiquen o enjuicien”, añadió sobre las críticas por la lentitud.
Cabe recordar que hace poco se cumplió un año de la llegada del primer tan anhelado cargamento de insumos para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus. Las firmas que debían entregar los medicamentos e insumos licitados por Salud fueron Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Eurotec SA, ambas propiedad de Justo Ferreira, Carlos Borrel y Roque Dagogliano. No obstante, el cargamento fue rechazado porque los productos no cumplían las especificaciones contempladas por el Ministerio de Salud.
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