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La promulgación de la Ley fue dada a conocer este sábado a través de la Gaceta Oficial. El proyecto fue presentado y aprobado el miércoles en el Senado y el jueves en Diputados. La normativa crea así oficialmente, a través de la Ley 6.725, un “Fondo Nacional para la Cobertura de Gastos durante la Hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos de Personas con COVID-19 en los Sectores Públicos, Privados y Previsionales y la Adquisición de Medicamentos Esenciales para el Tratamiento de todos los Pacientes de COVID-19”.
El dinero para este fondo puede provenir de fuentes de Hacienda, del préstamo de los US$ 1.600 millones que se hizo por la emergencia del COVID, o también de los fondos socioambientales de las binacionales.
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Cabe recordar que el presidente Abdo había anunciado el miércoles pasado la posposición de la licitación para el puente Carmelo Peralta – Puerto Murtinho para redireccionar US$ 30 millones a los gastos de salud. En el Congreso hay un proyecto con el mismo espíritu del ahora aprobado, pero que obligaría a destinar la totalidad de los fondos socioambientales de las binacionales a los pacientes con COVID.
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El dinero para este fondo permite la reprogramación en el Ministerio de Hacienda por valor de hasta 90.000 salarios mínimos, poco más de US$ 30 millones, coincidente con la plata que iba a ser destinada al puente en el Chaco.
La Ley, que fue promulgada el jueves 15 y que fue dada a conocer al público este sábado 17, especifica que el Ejecutivo tendrá siete días para reglamentarla. Se beneficiarán de ella los pacientes en UTI en sectores públicos y privados. El documento no menciona el tope de gasto por persona, algo que deberá estudiarse en la reglamentación.
Sí se especifica, por ejemplo, que el MSP debe fijar topes por gastos de medicamentos y, en el caso que el paciente esté en un hospital privado, la cobertura será por la diferencia en relación a lo que le cubra el seguro médico, si es que lo tiene.
Esta decisión surge a solo días de haberse decretado el “Pytyvõ Medicamentos”, que hasta ahora fue un fracaso estrepitoso en el intento del Gobierno en cubrir los millonarios gastos que tienen miles de personas con familiares internados. Hasta ayer, 2.917 personas estaban internadas por COVID, de las cuales 501 estaban en UTI. La cantidad de decesos como consecuencia de la enfermedad es de 5.177, según los datos más recientes dados a conocer por el Ministerio de Salud.
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