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CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra redacción regional). El camarista Pedro Orrego junto con sus colegas Juliana Giménez Portillo y Mirian Meza de López integraron el Tribunal de Apelaciones que revisó el caso conocido como “Frontera Producciones”.
En mayoría, Giménez y Meza rechazaron los recursos de los fiscales Natalia Fúster, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera y confirmaron la decisión de la jueza Cinthia Garcete Urunaga.
En su argumento las camaristas indicaron que los fiscales no fundamentaron jurídicamente la apelación y refrendaron los argumentos expuestos por Garcete.
Coincidieron en que la acusación contra el senador Zacarías fue de forma genérica, había cosa juzgada
y que las pruebas fueron obtenidas irregularmente. Sin embargo, el camarista Orrego votó en disidencia y sostuvo que la resolución de primera instancia debe ser anulada.
Un instigador
El juez disidente recalcó que, según el escrito de acusación fiscal, el senador Zacarías instruía a Juan Sanabria (exjefe de Prensa) y David Espínola (exdirector de Finanzas) para gestiones correspondientes.
“Instó a su esposa McLeod, a Sanabria y a Espínola a realizar pagos por servicios y gastos que no se encontraban contemplados en los contratos suscriptos con Frontera Producciones y la Comuna esteña, con el rubro destinado a publicidad y propaganda institucional”, reza parte de su argumento para contradecir la teoría de la supuesta acusación genérica.
Zacarías está procesado como instigador y su consorte McLeod, como autora de desvío de fondos del presupuesto de publicidad institucional de la Municipalidad esteña, entre 2014 y 2018. Acorde a la investigación fiscal, G. 3.700 millones fueron usados en campaña electoral de miembros del clan Zacarías y de otros candidatos cartistas en 2015 y 2017.
“Se puede claramente observar que existe una descripción de una conducta humana desarrollada por el acusados Javier Zacarías Irún y esa conducta atribuida, según lo que se desprende de la acusación, se encuentra respaldada por un caudal probatorio que sostiene la hipótesis sustentada, por tal razón la misma debe ser objeto de un examen de correspondencia por medio del juicio oral y público”, reforzó Orrego.
El camarista Orrego igualmente rechazó la postura de sus colegas Giménez y Meza respecto a la cosa juzgada. Según las magistradas, la gestión de McLeod del período 2014 y 2015 ya fue juzgada y aprobada por el Tribunal de Cuentas.
Orrego se opuso a la exclusión de pruebas claves como el informe contable, cruce de llamadas, planilla de pago a periodistas, testimonio de Samir Sánchez, entre otras.