La semana pasada, y apenas asumió el cargo, el viceministro de Transporte, Víctor Osmar Sanchez Chamorro, anunció que el subsidio a transportistas se pagará conforme a la cantidad exacta de pasajeros que trasladó y que un porcentaje del monto se dará en litros de combustible de la petrolera estatal, Petropar. Aclaró que para los desembolsos de subsidios que se realizarán de marzo en adelante se darán en base a esa cifra de pasajeros, dato que se obtiene en el Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico, así como también el kilometraje recorrido por cada bus para corroborar que cumpla las frecuencias contractualmente obligada.

De esta manera, y luego de casi una década de relegarlo, oficialmente el Gobierno estará aplicando lo que se había anunciado en el 2012 con el decreto N° 6630 firmado por el entonces presidente de la República Fernando Lugo. Ese documento creó el subsidio en compensación del precio del combustible y estableció que la suma se calcularía conforme a la cantidad de usuarios trasladados, que desde entonces se basaba en un estimativo, por lo que los transportistas cobraban por “pasajeros fantasmas” y recién ahora sería en base a números reales.

José Tomás Rivarola, especialista en movilidad, opinó que la crisis obligó al Gobierno a sincerar las variables vinculadas al precio del transporte, dado a la caída de la demanda de pasajeros, que derivó con un desplome de los ingresos y sumado a la demora en las transferencias de Hacienda que capitalice a los empresarios, constituyeron elementos para una bomba de tiempo y que ahora estalló. Lamentó que así como las medidas impuestas del coronavirus -que tuvo impacto fulminante en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y comerciantes de la frontera- el transporte no está ajeno a la crisis económica pero las autoridades no plantearon una propuesta al sector, sino que los obligó a seguir operando pese a que signifique trabajar a pérdidas.

De esta manera, consideró que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, empujó a la quiebra a los transportistas. Si bien es cierto que hay una disminución de la frecuencia de los colectivos, consideró que también es una realidad las condiciones en las que están operando, expresó el ex titular de la entonces Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Setama) -hoy Viceministerio de Transporte-.

Añadió que los empresarios estuvieron pidiendo medidas en reiteradas ocasiones, y recién luego de la decisión del paro total del servicio, programado para el 8 y 9 de marzo último, significó un ultimátum para que el Gobierno se siente a negociar. “La crisis obligó al Gobierno a sincerar los números y revisar la tarifa. Aunque al mismo tiempo, con los datos que arroja el billetaje era cuestión de tiempo. La pandemia lo precipitó todo”, afirmó.

La tarifa del transporte público el resultado de una fórmula que contempla la operativa de los buses, tales como valor del vehículo, mantenimiento y el combustible, que luego se divide por la cantidad de pasajeros, cifra obtenida de la ecuación IPK (Índice de Pasajeros por Kilómetro). Esa ecuación es clave para definir el precio del pasaje y el monto del subsidio estatal, por lo que con la disminución repentina de la demanda, alteró la estructura de costos de servicios.

Rivarola, quien también como director de Planificación y trabajó en la tarifa del transporte público vigente, mencionó que la aplicación del cobro electrónico y el funcionamiento del Centro de Monitoreo es “indudablemente un avance sustancial en el sistema porque permite conocer una cantidad de datos que históricamente se manejó en base a estimaciones. Hoy tenemos datos fidedignos, concretos, reales, tanto de flotas, kilometraje recorrido por cada bus y la cifra de gente trasladada”, expresó. Añadió que el problema es que esas informaciones son “datos covid”, es decir, son funcionales al mes de febrero, y las cifras de la pandemia no representan una “fotografía” muy precisa de nuestro sistema, sino que es exacta de lo que ocurre en la crisis sanitaria, con la disposición de tope de pasajeros a trasladar y menos pasajeros, por la suspensión de clases y la aplicación de cuadrillas de trabajo en las oficinas.

Además, hizo alusión a la percepción de aumento de motociclistas en las calles, en coincidencia con las “reguladas” de los buses, y consideró que tiene un impacto negativo en el sistema de transporte, puesto que genera una mayor congestión en el tránsito, enlentece la velocidad de circulación y por ende, genera una mayor contaminación ambiental. “Está demostrado a nivel mundial que el camino es optimizar el transporte público de personas”, afirmó. Indicó que el escenario actual debería llamar a la reflexión al Gobierno y encaminar hacia la reforma del transporte, las herramientas tecnológicas ya tenemos”, afirmó y destacó como positivo la creación del Consejo Asesor de la Tarifa de Transporte Público, semanas atrás y que ahora existe un proyecto de ley que busca fortalecerlo.

Critican falta de transparencia del Gobierno

Cecilia Llamosas, investigadora en política energética y movilidad sostenible del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), afirmó que hace tiempo se registran inconvenientes para acceder a información vinculada al servicio de transporte público de pasajeros. “Históricamente ha habido una grave falencia no solo en el acceso sino en la propia existencia de datos relevantes, suficientes y actualizados para poder realizar cualquier tipo de análisis, ya sea desde el ámbito técnico dentro del gobierno, desde la academia o cualquier otro sector”, afirmó a ABC.

Entre los motivos, la especialista identificó como causales dos motivos, la superposición de interlocutores y responsabilidades en lo que atañe al servicio de transporte público, ya que se encuentran tres actores, que son VMT, municipios y la Dirección Nacional de Tránsito (Dinatran), así como la inexistencia de instrumentos de colección de datos sistemáticos sobre transporte y movilidad y el otro, la falta de comunicación entre la academia y los tomadores de decisiones. Consideró que esta situación sería subsanada con el Consejo Asesor de la Tarifa del Transporte Público y la implementación del billetaje electrónico.

Rivarola coincide en la necesidad de una mayor apertura en el proceso de búsqueda de soluciones a la crisis del transporte y es uno de los participantes en las reuniones técnicas como asesor de los empresarios. Al respecto, criticó la falta de transparencia del Gobierno en ese proceso, puesto que la consecuencia directa es la desconfianza y así, se dificulta construir una reforma. “Desde el principio critiqué la posición del Viceministerio de Transporte de no enfrentar esta situación de la cual se quejan los ciudadanos, ya sea para hacer correcciones o explicar, porque los datos están”, aseguró. Añadió que las autoridades tenían toda la información y optaron por no decir nada, es decir, el Gobierno no informó ni actuó.

Ahora, con este panorama, las circunstancias obligan a cambiar el modelo empresarial de transporte y la tarifa, es un cambio profundo que no se hace en un día ni dos meses. “Es un camino largo, que con la creación del comité técnico da la sensación de que se ha empezado a transitar y hay que sostener el proceso aspirando a la calidad y eficiencia”, dijo.

Parte de ese proceso implica socializar toda la información que contiene el Centro del Monitoreo del Billetaje, que todo este a disposición de la prensa, universitarios y técnicos. “Por primera vez se tienen los datos reales y en tiempo real”, resaltó. Destacó que las cifras reales en tiempo real y de ese modo se debe habilitar para la ciudadanía porque son datos que varían cada mes, conforme a la demanda de usuarios, y así la gente podrá ver que el producto debe ser revisado constantemente, y constatar que el subsidio que se otorga a transportistas varía cada mes, conforme al comportamiento de las variables. “Es un error no publicar, da la sensación de que se está escondiendo, yo no creo que haya nada que esconder, en la medida que todo sea publico es mas fácil de ejecutarlo”, opinó.

Hoy, el Ministerio de Obras Públicas divulga en sus redes sociales la cantidad de viajes que se realizaron, el kilometraje recorrido y la totalidad de buses, cifras que sólo sirven para aspectos económicos. “El cálculo para saber si la flota está bien o mal de acuerdo a la hora y conforme a la demanda debe ser publicado por empresa. No nos sirve el total de pasajeros por día, ni cantidad de vehículos ni total de kilometraje recorrido, son datos económicos, lo útil es cómo está operando cada empresa cada hora y esa información el Estado tiene hoy y de forma online”, dijo.

Añadió que los contratos firmados con las concesionarias, que tampoco son de libre acceso, junto con la información obtenida del billetaje, permitirán que la gente cruce la información y sepa de primera mano la realidad del servicio público. “Todo es información pública”, sentenció.

Además, poco antes de retirarse, el anterior viceministro de Transporte, Pedro Britos, había reportado que el 40% de las empresas de transporte se declararon en quiebra, por lo que se decidió que camiones de la Policía Caminera y de las Fuerzas Armadas salgan a las calles a reforzar el servicio. Hasta ahora, el Gobierno no facilita ese listado de las concesionarias afectadas, pese a que ABC lo solicitó de manera verbal y ante la falta de respuesta, se procedió a una solicitud vía Acceso a la Información Pública, que sigue sin retorno.