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Según Llamosas, el Ministerio de Salud tiene asignados este año US$ 230 millones, más el saldo del año pasado, que está en torno a los US$ 40 millones. “En principio, Salud tendría entonces US$ 270 millones para afrontar todas las necesidades este año, obviamente complementados con otros recursos que tiene su presupuesto, que si sumamos todo está en torno a los US$ 1.000 millones”, puntualizó.
Sin embargo, añadió que -según el Ministerio de Salud- todos sus recursos ya están direccionados a compras pendientes de insumos, llamados ya realizados y el pago a todo el personal extra contratado por la pandemia. “Salud dice que ya no tiene recursos disponibles para nuevos compromisos pero sí para atender la coyuntura actual”, afirmó.
En otro momento, afirmó que “hoy no podemos decir que faltan recursos”, pero el problema radica en el acceso a nivel global de los insumos y medicamentos utilizados para la pandemia. “Es una pelea mundial”, dijo. “Hay dinero, pero también hay problemas para traer los medicamentos, insumos y vacunas”, recalcó en varias ocasiones.
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No obstante, reconoció el incremento de la demanda en todo el sistema sanitario, lo cual implica mayores cantidades de insumos y medicamentos en general. Por ese motivo, dijo que ya están conversando para prever redireccionamientos importantes de fondos que ya están disponibles para proyectos que no son urgentes y presentarían un nuevo proyecto al Congreso.
El ministro aseguró que buscan asegurar la provisión de todo el sistema sanitario, por lo cual contó que hay US$ 2.000 millones en préstamos que fueron aprobados para otros proyectos de inversión pública que podrían postergarse por la situación de emergencia sanitaria.
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¿Por qué no los fondos sociales?
Por otra parte, Llamosas habló sobre los proyectos de ley que buscan reducir el gasto de los familiares de pacientes internados por COVID-19 y dijo que no está en contra de que se utilicen fondos sociales de las entidades binacionales, pero que se deben analizar varios puntos.
Aseguró que en el Senado no se habló concretamente sobre esa alternativa de financiamiento, pero agregó que se deben debatir dos cuestiones principales: primero la cuestión jurídica, porque las entidades binacionales se rigen por tratados internacionales.
Por otro lado, aseguró que se debería convocar a los directores de las binacionales para que brinden un informe con respecto a la disponibilidad, debido a que gran parte de los fondos sociales ya están comprometidos para otros proyectos que se están ejecutando, como las construcciones de puentes fronterizos.
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Sobre el plan en sí, más allá del financiamiento, dijo que siempre el primer objetivo es que Salud cuente con esos medicamentos para evitar la compra del sector privado. Sin embargo, añadió que sería una herramienta más para suplir rápidamente las necesidades del Ministerio.
Por otra parte, sobre la tan anunciada reforma del gasto público, dijo que están trabajando constantemente y uno de los proyectos, el de reforma del gasto civil, ya está en el Congreso desde el año pasado.
También aseguró que el proyecto de reforma del gasto público está ya siendo estudiado por el equipo jurídico de la Presidencia y será presentado a finales del mes de abril. “Exigimos que proyectos que ya están sean tratados cuanto antes en el Congreso”, presionó.
Finalmente, explicó que son planes a largo plazo que requieren largos periodos de implementación para ir generando ahorros de manera gradual.
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Cabe recordar que el Senado trata hoy en sesión extraordinaria el proyecto de ley que crea un Fondo Nacional para la Cobertura de Gastos de personas internadas con COVID-19 que manejará un monto de G. 197.355.510.000 (US$ 31.326.271).
Según el proyecto, el financiamiento se hará con recursos remanentes de la Ley de Emergencia Sanitaria aprobada el año pasado y también de los Fondos Socioambientales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, además de donaciones que reciba el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Otras propuestas a ser estudiadas son que el Ministerio de Salud se haga cargo de la provisión gratuita de los medicamentos tanto en el sector público como privado y también que se reembolsen los gastos a quienes ya los hayan comprado.