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Conforme pasan los días, suman y siguen los amparos constitucionales que promueven familiares de pacientes con cuadros graves de COVID-19 para lograr que sus parientes accedan a atención pública en medio de este colapso sanitario.
En este caso se trata de un paciente que ingresó el 4 de abril al Hospital de Luque y desarrolló un cuadro que se fue complicando, por lo que el miércoles 7 sus familiares plantearon el amparo. Este lunes 11 de abril, el juez hizo lugar al recurso y ordenó trasladar al paciente al Sanatorio Metropolitano. El Ministerio Público deberá hacerse cargo de los gastos que conlleve la estadía del hombre en terapia intensiva.
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Este es uno de los muchos casos que se están dando últimamente en los que la Justicia toma intervención y ordena al MSP a garantizar la provisión de insumos y una cama de terapia a los pacientes de COVID-19.
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Más amparos promovidos
Justamente ayer, el juez penal de garantías de Pozo Colorado, Daniel Ledesma, ordenó la internación de María Norma Maciel Vda. de Rodas, según oficio remitido al ministro de Salud, Dr. Julio Borba.
Específicamente, el magistrado dispone que la paciente –que tiene un cuadro de COVID– debe ser internada en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de algún hospital público o privado, “bajo responsabilidad y costo financiero del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”.
El viernes último, también gracias a un recurso de amparo, un niño de 6 meses que estuvo por más de 20 horas con oxígeno manual en el Hospital de Limpio consiguió esa tarde ingresar, cerca de las 16:40, a la UTI. La acción fue promovida por la defensora pública de Limpio, Mady Achucarro.
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En lo que va de 2021, el Ministerio de la Defensa Pública promovió ocho juicios de amparo, como así también intervino extrajudicialmente asesorando en 11 casos de solicitudes de internación.
Así también, el 1 pasado de abril, la jueza penal de garantías de San Lorenzo, Nancy Carolina Duarte, dictó una medida cautelar de urgencia que asegura la permanencia de la paciente de COVID- 19 Francisca Cohene de Casco en la UTI del Hospital Universitario. Es a raíz de un amparo promovido por el esposo de la paciente, Isidro Casco, que sería el primero con relación a la pandemia.
El amparo había sido promovido el 30 de marzo pasado por Casco, quien se declaró imposibilitado de pagar los G. 113 millones que le exigían entonces y que a la fecha sería mucho más.
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