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Ayer se cumplió un año del día en el que saltó a la luz el caso de los tapabocas de oro de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. En días más también será el “aniversario” del agua tónica sobrefacturada en Petropar.
Estos dos fueron los primeros casos de corrupción que quedaron desvelados, en el marco de las compras de insumos para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus.
Apenas unos días después, comenzó a revelarse la complicada trama de los llamados “insumos chinos” entregada por las empresas Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Eurotec SA, propiedad de Justo Ferreira, Roque Dagogliano y Carlos Borrel.
El 16 de abril del año pasado, el diario ABC Color publicaba que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había decidido abrir una investigación a la licitación que fue adjudicada a ambas empresas del clan Ferreira por G. 85.000 millones.
Fue apenas el inicio. El 18 de abril llegaría un carguero chino a bordo del cual arribaban los ansiados insumos necesarios para hacer frente a la pandemia. Desde ahí, el intento de estafa solo fue aumentando.
Contraloría General de la República, la DNCP y hasta la creada Comisión Especial de Supervisión de Compras-Covid19 (CESC) detectaron numerosas irregularidades.
Denuncia cajoneada
En mayo del año pasado y luego de muchos cuestionamientos, el entonces ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, entregaba a la Fiscalía General del Estado una denuncia penal por tentativa de estafa y delitos marcarios, por la adulteración de las especificaciones técnicas de las mascarillas quirúrgicas que las empresas del Clan Ferreira pretendían entregar al MSPyBS en el marco de la fallida compra de insumos chinos.
La causa está identificada como N° 52/2020 “Persona innominada s/estafa”. Hasta anoche seguía sin formularse imputación por los hechos más graves enumerados en el reclamo.
La gigantesca estafa, que además hubiera puesto en riesgo la integridad física de todo el personal médico que hubiese utilizado los artículos falsificados, solamente fue evitada por la intervención in situ de la CESC, liderada por el ministro Arnaldo Giuzzio, quien constató las alevosas alteraciones efectuadas a los productos importados, antes de ser entregadas a las autoridades sanitarias.
El equipo de agentes fiscales, liderado por Osmar Legal, dividió la causa al abrir otra con el número 98/2020, en el marco de la cual procesó por contrabando de camas hospitalarias a Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira, junto a funcionarios aduaneros y despachantes. Mientras tanto, la investigación por los hechos verdaderamente denunciados quedó paralizada, ya que luego de casi 9 meses desde la presentación de la denuncia no hay una sola persona procesada por tales ilícitos.
Ya hace varios meses que el agente fiscal Osmar Legal había justificado la falta de imputación, al decir que se encontraba pendiente de la recepción de la información requerida a la empresa fabricante, acerca de si autorizó o no el cambio de las cajas. Argumentó que si se imputaba y luego llegara la información de que, por ejemplo, sí se autorizó, se deberá sobreseer debido a que, según su criterio, el perjudicado por el cambio de las cajas sería la empresa fabricante.
El argumento es claramente falaz, ya que no se puede dudar de que la verdadera víctima del hecho de adquirir un producto adulterado es quien lo adquiere, independientemente de que también se configure un delito marcario. Entonces, en el contexto correcto, que está enmarcado con la denuncia del Ministerio de Salud, lo determinante no es lo que pueda decir el fabricante; lo determinante es si con el cambio de cajas se estaban modificando las especificaciones consignadas en las cajas/envoltorios originales.
Ahora la crisis del oxígeno
Un año después de que saltaran los primeros casos, la ciudadanía sigue sufriendo las consecuencias de la corrupción entre funcionarios públicos y contratistas.
La firma Chaco’i Industrial y Comercial, propiedad de Claudio Escobar Brizuela, fue adjudicada en 2017 con un contrato de más de G. 14.753 millones para la construcción de plantas de oxígeno en tres hospitales públicos. Actualmente, solo una de ellas funciona, mientras el sistema público sufre la carencia de oxígeno en medio del peor momento de la pandemia de coronavirus en Paraguay. El caso renovó la indignación popular.
Tuvieron que refaccionar
Un equipo de investigación de ABC Color recorrió las instalaciones de la planta de oxígeno del HNI y se pudo constatar que la misma se encontraba encendida pero no funcionaba en forma debida.
Personal de mantenimiento del HNI acompañó el recorrido y se encargó de mostrar las múltiples falencias. Se detectaron fugas en el sistema de tuberías y se notó que faltaban hasta los fusibles. El dueño de la empresa dijo que sí funcionaba, pero envió empleados a que la arreglen.