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Buzarquis habló sobre los eternos subsidios al sector transporte que, de acuerdo a los datos obtenidos con el billetaje electrónico, siempre eran montos abultados que no contemplaban la cantidad real de pasajeros. Por ese motivo, adelantó que sobre tablas en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores hoy presentará un proyecto de ley para que el subsidio vaya directamente a cada usuario, a través de sus tarjetas electrónicas.
También exigirán que se transparente el “costo real del pasaje”, teniendo en cuenta que siempre es fijado dependiendo de las exigencias de los transportistas.
En otro momento, indicó que fue “una vergüenza” que las bancadas de Honor Colorado y Colorado Añeteté en la Cámara de Diputados hayan impulsado las modificaciones a las sanciones para los empresarios que aplican reguladas en el transporte público.
“Peluquearon el proyecto; nosotros lo habíamos presentado para terminar con el chantaje”, cuestionó, teniendo en cuenta que en la Cámara Baja excluyeron las sanciones penales y solo establecieron multas dependiendo de la gravedad de las infracciones.
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Cabe recordar que originalmente el Senado propuso que “los directivos, accionistas o representantes legales o gremiales de las empresas del transporte público que realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios será considerado como hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos”.
Las reguladas de transportistas se registran desde hace más de un mes, coincidentemente luego de que los empresarios exigieran la suba del pasaje, lo cual en el momento de la solicitud no se justificaba debido a que el costo del combustible para los colectivos no había sufrido variaciones.
Los propietarios aseguran que el número de pasajeros disminuyó por la pandemia y afectó los ingresos, lo cual llevó a una crisis económica a numerosas firmas. Además, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, presentó su renuncia hace más de una semana y aún no se sabe quién lo reemplazará.
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Especulación de precios de medicamentos
Por otra parte, recordó que presentó recientemente una denuncia por la especulación de precios de los medicamentos, apuntando directamente a la inoperancia de las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de las normas en este aspecto. Mencionó puntualmente a la Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor, la Comisión Nacional de Competencia y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Explicó que años atrás se creó un Consejo Gubernamental para la fijación de los precios, pero de los seis miembros, cinco son del sector privado y solo uno del Estado, por lo cual los principales afectados son jueces y partes en esta materia. Señaló que la Sedeco, la Conacom y Dinavisa deberían formar parte de dicho órgano. “Presenté la denuncia contra esos antes del Estado porque no cumplen su función”, enfatizó.
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Así también, adelantó que está preparando un proyecto de ley para obligar al Ministerio de Salud y al Instituto de Previsión Social a que informaticen todo lo relacionado a los medicamentos, para que los listados de disponibilidad estén siempre en la web y los pacientes puedan comprobar si realmente no se cuenta con ciertos medicamentos en las farmacias públicas.
También dijo que buscará que ese sistema informático permita que los medicamentos sean totalmente rastreables, para así evitar que médicos y funcionarios de los hospitales “roben descaradamente”.
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Cabe resaltar que esta problemática se acrecentó en las últimas semanas de la pandemia, puesto que se registra un importante faltante de medicamentos para pacientes de COVID-19 en todos los hospitales públicos. Ello implica que deban recurrir a farmacias privadas, donde los precios se han elevado exponencialmente, por lo cual finalmente las familias no encuentran más alternativa que comprar lo necesario de Clorinda, donde los costos son mucho menores.
A pesar de ello, los familiares de pacientes no logran costear los tratamientos, por lo cual deben recurrir a la solidaridad, a las campañas de recaudación de fondos y a pedidos desesperados de donativos.
A todo ello se suman las denuncias de personas que han comprado medicinas en farmacias privadas y al retirar las etiquetas se percataron de que pertenecían al Ministerio de Salud o al IPS, es decir que en plena pandemia también ha aumentado el robo de ampollas y pastillas para revenderlas.
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