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Durante el Gobierno de Horacio Cartes, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) firmó contrato con la empresa chilena Consorcio Aqualogy para la provisión de un nuevo sistema de facturación (software y hardware). El contrato, firmado en abril de 2016, era por G. 22.149 millones, de los cuales la Essap ya había adelantado a la firma trasandina unos G. 8.976 millones, que al cambio actual serían unos US$ 1.380.000.
El nuevo sistema de facturación, que debía abarcar a los 350.000 usuarios de capital, central e interior del país, tenía que estar operativo en diciembre de 2019, pero Aqualogy nunca avanzó en la provisión de los equipos y el funcionamiento del sistema.
Ante esta situación, la estatal paraguaya decidió rescindir el contrato por incumplimiento del consorcio chileno.
Millonaria demanda
Molestos por la rescisión de contrato, los representantes la firma chilena decidieron entablar una demanda contra Essap ante un tribunal arbitral.
Inicialmente la demanda era por incumplimiento de contrato, además de daños y perjuicios.
Con el transcurrir del proceso, la firma desistió del incumplimiento y prosiguió con el requerimiento de daños. Los representantes del consorcio ahora reclaman a la empresa estatal paraguaya más de US$ 12 millones de resarcimiento.
El contrato original era de unos US$ 4,2 millones al cambio actual. Es decir, ahora pretenden cobrar tres veces más del monto original.
Frenan resolución
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tramita una denuncia de incumplimiento contractual, lo que motivó la apertura de un sumario al Consorcio Aqualogy.
De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso ABC Color, la denuncia se encontraba ya en etapa de dictarse resolución final, hasta que el consorcio chileno solicitó una medida cautelar en la que solicitó al tribunal arbitral que se suspenda la investigación.
El tribunal arbitral concedió el pedido, poniendo frenos a una investigación sobre un contrato de interés público.
Los vínculos de Cartes
De acuerdo a datos que constan en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Consorcio Aqualogy está integrado por las empresas Aqualogy Solutions Chile Limitada, Agbar Chile SA y Asterion SA.
Todas estas empresas están ligadas al grupo empresarial Luksic, de acuerdo a datos de una investigación realizada por Ciper Chile. El grupo empresarial Luksic tiene como cabeza a Andróniko Luksic, socio comercial del expresidente
Horacio Cartes en la red de estaciones de servicios Enex.
Luksic es además propietario de la firma Compañía Cervecerías Unidas (CCU), que adquirió parte de las acciones de las empresas Bebidas del Paraguay SA y Distribuidora del Paraguay SA, ambas propiedad del grupo empresarial del expresidente Cartes.
El contrato firmado entre Essap y el Consorcio Aqualogy se dio en 2015, cuando el socio comercial del grupo Luksic (dueño del consorcio) estaba en el poder.
Essap realizó pagos por alrededor de US$ 1.400.000 antes de proceder a la rescisión contractual.
Llamativa conformación
Otro punto bastante llamativo es la conformación del tribunal. El presidente del mismo es Raúl Fernando Barriocanal, que forma parte del estudio jurídico Barriocanal & Asociados, donde aparece como socio Francisco Barriocanal Arias, quien fue procurador general de la República durante el último año de mandato de Cartes.
Como miembros aparecen Alejandro Piera y Julio Giménez Balbiani. Piera es representante legal de la empresa calificadora que se encargó de realizar la evaluación de la empresa Cecon, propiedad de Cartes.
Como suplente aparece Santiago Jure, quien fue titular de la DNCP durante el gobierno de Cartes y encargado de las gestiones legales para la nacionalización de Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente.
A pesar de que existen claras muestras de que estas controversias no se pueden resolver por la vía del arbitraje, el consorcio chileno siguió con su intención y ya incluso habría realizado parte del pago de los honorarios de los árbitros.