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La noticia fue revelada esta mañana en una conferencia de prensa virtual por Joseph “Joe” Salazar, encargado de Negocios de Embajada de los EE.UU. en Paraguay. La designación es de por vida y afecta al diputado de la Asociación Nacional Republicana por el movimiento oficialista Colorado Añetete y a su esposa Mirta Beatriz Esperanza Fariña.
“Hoy, anuncio la designación pública de un diputado en la Cámara Baja de la Legislatura paraguaya, Ulises Rolando Quintana Maldonado, debido a su participación en actos de corrupción significativos. Durante su tiempo como diputado, el señor Quintana participó en actos que facilitaron la delincuencia organizada transnacional, socavaron el estado de derecho y obstruyeron la fe del público en los procesos públicos de Paraguay”, dice la declaración firmada por el secretario del departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien también tuiteó la noticia.
La declaración consigna también que “Estados Unidos sigue apoyando al pueblo de Paraguay en su lucha contra la corrupción y hace que sus líderes electos rindan cuentas. Esta designación reafirma el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción en Paraguay, en la región de la triple frontera y a nivel mundial”.
Quintana estuvo dos veces preso en el marco de su vinculación con el supuesto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña y recuperó su banca en la Cámara de Diputados en noviembre del año 2020. Actualmente, tiene libertad ambulatoria y es precandidato a intendente de Ciudad del Este, Alto Paraná, por el movimiento Concordia Colorada.
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El político colorado fue imputado y acusado por lavado de dinero y asociación criminal con vínculos con el narcotráfico. Estuvo preso desde el 21 de setiembre de 2018 hasta el 6 de julio de 2019, día en que la exjueza Magdalena Narváez lo liberó. Sin embargo, la Cámara de Apelación anuló el fallo y el 29 de noviembre de 2019 se volvió a ordenar su detención en la cárcel militar de Viñas Cue. Recuperó su libertad en octubre del año pasado.
Entre las pruebas que existen contra el diputado existen unos audios en los cuales se escucha a “Cucho” dialogar con su abogado Santiago Cano Cubas, con uno de sus prestanombres y presuntos lavadores de dinero, Óscar Adrián Monges, e incluso con un policía. En todas esas conversaciones existe como punto en común que las soluciones a los inconvenientes que se presentaban pasaban por el diputado Quintana. Una de las conversaciones agrega más contexto al pedido que hizo “Cucho” a Quintana para liberar unos 180.000 dólares que presumiblemente luego se usaron para comprar cocaína en Bolivia.
Información fidedigna
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Salazar explicó que el secretario de Estado norteamericano designa a funcionarios no elegibles para ingresar a Estados Unidos cuando cuenta con información creíble y que el objetivo es proteger las fronteras de los Estados Unidos y su sistema financiero. “Las designaciones se hacen para garantizar que las personas corruptas no puedan usar ganancias mal habidas en Estados Unidos, en consonancia con la proyección de nuestra soberanía”, indicó
Salazar no quiso hablar sobre otros funcionarios o exfuncionarios que podrían recibir la misma designación. “Estas no son las primeras designaciones y espero que no sean las últimas. No comentaré acerca de otras personas”, respondió.
Indicó además que la designación está basada en información fidedigna de una variedad de fuentes, que incluye a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que fueron “muy importantes en recopilar esa información”. Indicó también que numerosos medios de comunicación locales han informado sobre actividades corruptas de Ulises Quintana, que han sido objeto de investigación del gobierno paraguayo.
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“No puedo comentar por parte del gobierno paraguayo. Ojalá reciban esta información y sigan con sus investigaciones y actos en el sistema judicial contra él pero por supuesto tienen soberanía para decir lo que pueden hacer en este caso. Tengo fe en que el sistema judicial en Paraguay va a hacer las cosas correctas. Lo que ocurra con él en el sistema judicial Paraguayo es responsabilidad de las autoridades paraguayas. Ellos deben decidir la próxima etapa”, respondió.
Un exclusivo club
Esta es la segunda vez que Estados Unidos toma una decisión de este tipo con relación a relevantes políticos y funcionarios paraguayos. La primera vez fue informada el 10 de diciembre del año 2019 y en esa ocasión la medida afectó al exsenador colorado Óscar González Daher y al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, así como por añadidura a toda la familia inmediata de ambos.
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