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Resalta que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura concluyó que la tortura probablemente ocurrió y recomendó una investigación a nivel nacional.
Sin embargo, “al 16 de octubre, la Fiscalía General no había presentado cargos ni procesado a ninguna unidad o individuo de la Guardia Costera”, señala el informe disponible en la web.
El Departamento de Estado también cuestionó que aunque la Armada destituyó al comandante de la base, capitán Walter Díaz, después del incidente, no había destituido al comandante de la unidad de la Guardia Costera, el capitán Luis Torres, que estaba a cargo de la unidad durante el incidente, ni había sancionado a ningún marinero involucrado, finaliza.
En julio, 35 vecinos del barrio San Miguel de CDE fueron detenidos como sospechosos por la muerte del suboficial de la Marina, pero los supuestos autores fueron contrabandistas. Entre los detenidos había seis adolescentes de 14 a 17 años, torturados en la sede de la Prefectura Naval del Este. El fiscal Santiago González fue asignado y a nueve meses del inicio de las pesquisas aún no se tiene resultado.
La Fiscalía imputó a dos sospechosos del asesinato y otros 26 detenidos fueron procesados por supuesta violación de la cuarentena sanitaria.