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“El Juzgado consideró que ya no se encuentran reunidos los presupuestos para el dictamiento de la prisión preventiva”, indicó la jueza Duarte, argumentando su decisión sobre todo en base a que cree que ya no existe peligro de obstrucción a la investigación ni de fuga de la joven.
Esta decisión se dio pese a la oposición de la querella adhesiva y la ausencia de representantes del Ministerio Público que, según dijo, fueron debidamente notificados. Consultada con respecto a si la presencia del fiscal del caso podría haber influido en una decisión distinta, dijo: “Y realmente el Ministerio Público es el encargado de la investigación y hubiese sido importante para el Juzgado escuchar su postura”.
La querella adhesiva de la víctima, una humilde trabajadora que dejó un niño pequeño huérfano, se opuso que se otorgue la prisión domiciliaria, alegando que aún hay riesgo de que la joven pueda influir en la investigación; sin embargo, la magistrada no lo consideró así, ya que son “solamente pericias técnicas”.
La jueza Duarte también en este caso tomó en cuenta la recomendación de la Corte Suprema de Justicia, que recomendó evitar la prisión preventiva en lo posible, una medida que, por ejemplo, fue obviada en otros casos como el de los jóvenes acusados por la quema de la sede de Colorado Róga. Si bien Duarte no intervino en este último caso, se aprecia una diferencia de aplicación dependiendo del juez.