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Estudiantes universitarios se encuentran frente a la casa de la jueza Hilda Benítez Vallejos, por ser quien ordenó de manera arbitraria la prisión de estudiantes universitarios, confirmó Federico Enciso, de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Un gran número de jóvenes se apostó frente a la vivienda de la magistrada, ubicada en el barrio Sajonia de Asunción, con la intención de manifestar su repudio ante la decisión de esta de enviar a prisión a los estudiantes sindicados como los responsables de la quema de Colorado Róga.
Los jóvenes reclaman a la jueza su arbitraria decisión de mandar a los estudiantes Luis Trinidad, Pedro Areco y Vivian Genes a prisión preventiva y ordenar la captura de los imputados Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, por considerar que no cuenta con fundamentos para ello.
Según Enciso, la magistrada violentó todo debido proceso e incluso la acordada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que estipula la prisión preventiva solo en casos extremos. “Ella violentó todo eso y ordenó la prisión de los estudiantes”, acotó.
Indicó también que es inválida la fundamentación de “falta de arraigo” de los imputados, ya que todos son estudiantes regulares de universidades nacionales y se presentaron cuando fueron citados, cumpliendo con el proceso.
Enciso anunció que las movilizaciones contra la jueza seguirán hasta que los estudiantes sean liberados.
Por otra parte, afirmó que los abogados defensores de los encausados ya presentaron una apelación ante la Cámara, recurso que esperan sea considerado prontamente por un tribunal.
Además, presentarán una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para que investiguen a la magistrada, quien es afiliada a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y de igual forma intervino en el proceso que involucra al partido de la que es simpatizante.
Cabe resaltar que fueron los fiscales Lorenzo Lezcano (exministro del Interior del Gobierno de Horacio Cartes) y María Estefanía González, quienes pidieron prisión para los imputados por los presuntos delitos de producción de riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.
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La decisión de la jueza causó inmediata reacción de la ciudadanía que manifestó su indignación en las redes sociales. Principalmente los universitarios cuestionaron que la Justicia actúe con rapidez y sin piedad contra los jóvenes que acudieron a manifestarse y sobre los cuales existen muy pocas pruebas, mientras el suboficial Juan Romero, quien fue grabado realizando disparos con una escopeta hacia los manifestantes en la noche del 5 de marzo, está en libertad.