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Se trata de funcionarios administrativos, docentes, guardias y trabajadores de limpieza. Algunos contaron que ya no saben cómo hacer para pagar deudas que debieron asumir con el retraso en el cobro de sus haberes y que a eso se suman los gastos que tienen en sus hogares y para la educación de sus hijos.
Luego de varios días de reclamos, esa mañana los trabajadores se reunieron con Salas y el plantel administrativo de la facultad.
El decano explicó después que el atraso se debió a que usualmente pagaban a estos trabajadores contratados con los recursos propios, del cobro de aranceles, Fuente 30, pero al aprobarse la Ley de Arancel Cero en el Ministerio de Hacienda debieron hacerse trámites para cambiar la fuente de financiación.
“En enero salió la reglamentación de la Ley, luego Hacienda reglamentó el uso de ese dinero y recién en marzo salió el procedimiento presupuestario. Esta semana se transfirió recién el fondo”, detalló Salas. Informó que los inconvenientes se están subsanando ahora y que un grupo de trabajadores cobrará hoy por el mes de enero, mientras otro grupo lo hará entre el lunes y el martes. En abril se renovarán los contratos de todos y también se terminarán de pagar los salarios atrasados, de febrero y marzo.
Esta misma situación se vive también en otras facultades de la UNA, según los trabajadores.
Por otro lado, el decano de la Politécnica explicó que estiman que un 60% de sus estudiantes se verán beneficiados con la gratuidad establecida por la Ley para egresados de colegios públicos y privados subvencionados. “El 40% que viene de colegios privados, no significa que tengan recursos. Por eso para ellos haremos exoneraciones. Ahora muchos alumnos presentan notas porque sus padres están sin trabajo y nosotros comprendemos la situación”, indicó Salas.
La Ley de Arancel Cero está vigente desde el 18 de enero, cuando el Poder Ejecutivo emitió el decreto 4734, mediante el cual reglamenta la implementación de la normativa. La disposición permite que egresados de colegios públicos y privados subvencionados desarrollen de manera gratuita los cursillos de ingreso y a toda la la carrera de grado que elijan, en universidades e institutos de formación superior que sean oficiales.
Los egresados de colegios privados pueden, por su parte, tramitar certificados de vulnerabilidad que les permitan acogerse al beneficio de la gratuidad, según la Ley, que también prevé becas.
Para paliar la gratuidad de estos estudios, la normativa dispone que las facultades de las 9 universidades públicas reciban fondos del Fonacide y del Fondo Para la Excelencia de la Educación y la Investigación (Feei).
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