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El MUVH, cuyo titular es Carlos Alberto Pereira, presentó ayer al Congreso Nacional la propuesta de modificación de la Ley Nº 3637 del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), con el objetivo de que los procesos de selección de los beneficiarios, responsables de las gestiones y de las construcciones sean más trazables y transparentes.
Esta nueva normativa busca implementarse para la aplicación de los US$ 47 millones que forman parte del plan de reactivación económica.
El documento fue arrimado al Congreso con el fin de que aspectos sensibles de la operativa tengan fuerza de ley, y así en un eventual cambio de administración “no sean borrados de un plumazo” dichas actualizaciones. De hecho, esta situación se planteó con una serie de flexibilizaciones dadas a las proveedoras durante la gestión del exministro Dany Durand al modificar los reglamentos formulados por su antecesora, Soledad Núñez.
“Se busca determinar las exigencias que se deben imponer a los prestadores de servicios y a las constructoras que coadyuvan con la institución para materializar los subsidios entregados a los beneficiarios, así como regular la potestad de sancionarlos en caso de incumplimiento de sus obligaciones”, expresó Peralta.
Cabe recordar que el citado programa permite transferencias directas a los responsables de los proyectos de viviendas sociales, denominados “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, vía rubro 800.
Dicho mecanismo facilita que las empresas de dudosa procedencia reciban los recursos públicos –como gestores contratados por los dirigentes sociales– sin que haya competencia entre empresas ni el control ciudadano.
El proyecto menciona que el programa consiste en subsidiar la casa propia a la gente de escasos recursos, no se trata de una compra de un bien, por lo tanto considera mantener en esencia el sistema de contrato directo de las gestiones.
Por otra parte refiere que no se podrá comprometer pagos que no se encuentren previstos en el Presupuesto General de la Nación y que los subsidios solo podrán ser adjudicados cuando cuente con la financiación y disponibilidad presupuestaria.