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A través de un comunicado que se dio a conocer a inicios de esta semana, los escribanos y la Capadei reclaman a las autoridades nacionales una urgente solución a esta grave situación generada por los atrasos de meses para trámites sencillos, violando los plazos establecidos por las leyes vigentes.
“Exigimos al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, que regula el Servicio Nacional de Catastro, y al Poder Judicial con lo propio ante la Dirección General de los Registros Públicos, ordene la implementación de nuevas medidas que importen el cumplimiento de los plazos registrales y el fin de la burocracia en los certificados catastrales”, señala la denuncia realizada ante la opinión pública.
El comunicado hace hincapié en que el sistema de trabajo de las instituciones públicas afectadas a operaciones inmobiliarias y comerciales, como los Registros Públicos y Catastro, están significando ingentes pérdidas y entorpeciendo la reactivación económica tan necesaria para el país.
En la nota preguntan cómo se explica que el sector privado se haya amoldado rápidamente a nuevos mecanismos de trabajo en la pandemia, con seguridad sanitaria, cumpliendo protocolos estrictos exitosamente; en tanto que el sector público aludido se encuentra estancado, ineficiente para cumplir con sus funciones y obligaciones en un plazo razonable.
Continúa señalando “todo a puerta cerrada, reteniendo expedientes catastrales por falta de aprobaciones de planos georreferenciados o tardando meses en las expediciones de meros certificados de condiciones de dominio o vigencia de poderes en la Dirección General de los Registros Públicos, con el agravante que es imposible un mínimo de comunicación entre el servidor y el servicio, faltando gravemente el respeto a la función notarial y a la ciudadanía toda, pero percibiendo íntegramente salarios y demás beneficios”.
Señalan que esta situación va en contra de la política gubernamental de atraer cualquier tipo de inversiones perjudicando aún más a nuestra maltrecha economía, propiciando la informalidad.
El Colegio de Escribanos del Paraguay también había reclamado que, en lo que se refieren a la expedición de certificados y la inscripción de contratos, por mandato legal debe expedirse en 10 y 20 días respectivamente y están demorando de 45 a 60 días.
Sistema informático obsoleto
La titular de la Dirección General de los Registros Públicos, Lourdes González, en respuesta a los reclamos que vienen realizando escribanos y otros gremios del sector empresarial afectados por el lento servicio que brindan, informó a la Corte Suprema de Justicia que la demora en la expedición de los documentos se debe a que el sistema informático que utiliza la entidad para gestionar los documentos es obsoleto. Explicó a los miembros de la máxima instancia judicial, de la cual depende la institución, que actualmente los funcionarios tardan alrededor de ocho minutos o más para ingresar a los expedientes, lo que impide dar celeridad a los procesos que son tramitados por los ciudadanos.