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El jefe de Gabinete del Viceministerio de Transporte, Víctor Matto, informó que dicho consejo creado por decreto del presidente Mario Abdo Benítez tiene objetivos a corto, mediano y largo plazo, todo con miras a mejorar el servicio del transporte público. “La mesa (el grupo) tiene el desafío de transparentar, dejar de lado estimaciones y basarnos en números reales”, afirmó ayer en conferencia de prensa.
La posibilidad de replantear la estructura de costos con base a números reales se produce ahora que rige el billetaje electrónico (desde hace un mes), sistema cuya implementación coincide con la disminución de la demanda debido a la pandemia de covid. A esta novedad se le busca sumar que el subsidio vaya directo al usuario en su tarjeta, y ya no una transferencia a los empresarios. Al menos no directamente.
La merma de pasajeros significará la reducción del monto del subsidio estatal porque este es una compensación por cada pasaje vendido, conforme se estableció en el decreto de su creación, Nº 3360, firmado por el entonces presidente Fernando Lugo. Ante la caída de ingresos, los transportistas exigieron un ajuste del precio del boleto al Gobierno y al mismo tiempo disminuyen la frecuencia de salida de sus buses de sus paradas, alegando que los ingresos no cubren sus costos operativos.
Al respecto, el diputado Sebastián García, quien participó de dicha reunión, dijo que es una realidad la merma de la demanda, que son necesarios ajustes en torno a las variables que afectan el servicio del transporte y que ahora es una oportunidad para realizar una reestructuración. El legislador señaló que el depósito del subsidio en la tarjeta y la disponibilidad del dinero entre 24 y 48 horas de la validación se convierte en un incentivo para la prestación del servicio.
Subsidio por franja horaria
García comentó que entre las opciones analizadas está variar el monto del subsidio “según franja horaria o coberturas de itinerarios, a fin de que se genere un interés a que se preste el servicio y pagar un subsidio por el servicio prestado”, expresó.
Reconoció que existen antecedentes de aparentes cobros ilegales de subsidio por parte de los transportistas y opinó que es necesario buscar un término medio, considerando la realidad de la restricción de circulación de las personas. Comentó que el control a las empresas sería posterior a la validación –de las tarjetas– y que se analizan los filtros a aplicar.
Por su parte, Matto confirmó que con cada validación el Estado estaría obligado a transferir el dinero depositado en la tarjeta del usuario a la concesionaria que le prestó el servicio. “Estamos trabajando tres frentes, que son el técnico, jurídico y administrativo a fin de definir la serie de aspectos que se plantean”, mencionó. Detalló que se está viendo cómo aplicar los requisitos legales y el mecanismo de transferencias.
Diputados analizarán cancelaciones
En el punto 4 del Orden del Día de mañana de la Cámara de Diputados figura tratar el proyecto de ley que cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público infractoras de la ley, además de elevar a delito penal las amenazas del gremio de transportistas contra la ciudadanía.
El documento cuenta con media sanción de los senadores y tiene como objetivo detener los abusos de los transportistas que exponen al peligro a la ciudadanía con “reguladas” del servicio que derivan en que los pasajeros viajen hacinados en buses, mientras que el gobierno sale a exigir mayores restricciones y más distanciamiento social.
La propuesta establece que la concesionaria tendrá prohibido participar de licitaciones de licencia o itinerario de transporte público por un plazo de 10 años, sanción que incluye a los directivos, que no podrán participar bajo nuevas sociedades.