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El 27 de noviembre de 2018, durante la gestión del entonces ministro Eduardo Petta, el abogado Ernesto Manuel Escobar, como representante convencional del MEC, denunció ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación y estafa, en los que podrían estar involucrados incluso exministros, ex altos funcionarios y dueños de constructoras.
Una auditoría realizada reveló un esquema de corrupción en la construcción de escuelas y mejoras en algunas instituciones educativas, tanto en Asunción como en diferentes departamentos del país.
Ante la gravedad del hecho, en la denuncia se solicitó incluso que se realice como anticipo jurisdiccional de prueba, la constitución del Ministerio Público en las obras edilicias ejecutadas en las instituciones educativas, en el marco de las licitaciones convocadas para los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Misiones, Canindeyú, Concepción y la capital del país.
Entre las licitaciones denunciadas figura la “Construcción de aulas, área administrativa, SHH y obras exteriores en el Colegio Nacional Nuestra Señora de la Asunción, capital”, cuyo contrato estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2015 y fue adjudicada a la firma Fusión 2.000 por el monto de G. 1.219.000.000. En este caso, conforme a los certificados de obras se comprobó un avance físico de las obras del 40%. Sin embargo, la contratista percibió el 66 por ciento del monto total del contrato, dice la auditoría.
Las autoridades del MEC de ese entonces tenían la obligación de ejecutar la póliza y no lo hicieron, con lo cual existirían elementos suficientes de la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
La otra licitación denunciada corresponde a “Construcciones, reparaciones y obras exteriores en escuelas de los departamentos de San Pedro y Caaguazú”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. La empresa adjudicada fue Ingemat SA por un monto de G. 3.185 millones. En este caso, igualmente el MEC habría entregado más dinero que la obra ejecutada por la firma que había salido beneficiada.
En el caso de la empresa “Ingeniero Julio Antonio Galiano Morán”, que tenía que realizar obras en Canindeyú, recibió un monto total de G. 2. 113.819.782, equivalente al 49 por ciento del valor del contrato. Sin embargo, los trabajos ejecutados de conformidad a los certificados de obras aprobados representan el 27 por ciento, por lo cual hubiera percibido la suma de G. 1.176.474.325.
Con respecto a la “Constructora DMV SA”, la misma recibió (por trabajos en Caaguazú), G. 1.945.785.891, lo que equivale al 68% del valor total del contrato. El valor de los trabajos hechos es de G. 1.560.528.603, equivalente al 54% del total del contrato.
Estos son algunos de los “trabajos” que el MEC pagó demás por la desidia o la complicidad de sus autoridades. La posible comisión de varios delitos podría salpicar a varios exministros, muchos de los cuales están en el Senado, por sobre todo por la falta de ejecución de las pólizas. Se habla del delito de lesión de confianza por omisión.
La actual responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción es la fiscala adjunta Soledad Machuca, quien debería conocer quiénes son los fiscales asignados en este caso, para impulsar la investigación considerando la gravedad de los hechos denunciados.
Obligación legal y constitucional
El Ministerio Público representa a la sociedad y, como tal, según la Constitución Nacional y leyes, está obligado a defender los intereses de la misma. La desidia de la Fiscalía para individualizar y castigar a los involucrados en los negociados entre funcionarios del MEC y particulares es muy sugestiva. La fiscala general Sandra Quiñónez tiene la obligación de revisar las actuaciones de sus inferiores y de establecer los mecanismos para que las investigaciones sirvan para acusar y castigar a los responsables. La ciudadanía está cansada de tanta impunidad.