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En un comunicado conjunto la Capadei, representado por el Ing. Raúl Constantino y más de 50 escribanos públicos se suman a los reclamos constantes ante la excesiva demora en las gestiones que competen a los Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro.
Según la denuncia pública, esta situación está frenando la posibilidad de inversiones y desarrollo inmobiliario que podrían traer un gran respiro a la golpeada economía y generar fuentes de trabajo. Según refieren, los plazos establecidos en la ley son de 10 días para los certificados, y 20 días para las inscripciones registrales, pero que hoy se demora 40, 60 o 90 días, de acuerdo con las denuncias.
Al respecto, los profesionales y gremios exigen al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda que regula el Servicio Nacional de Catastro y por otro lado al Poder Judicial con lo propio ante la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) que ordenen la implementación de nuevas medidas que garanticen el cumplimiento de los plazos registrales y el fin de la burocracia en los certificados catastrales, para así dar efectiva respuesta al requerimiento de los ciudadanos.
Sostienen que el Estado debe garantizar las medidas ya sea de logística o de recursos humanos para que las instituciones cumplan su rol. Esta situación se viene arrastrando desde marzo del año pasado cuando se implementó el régimen de trabajo por cuadrillas por la pandemia, pero sin implementar un sistema alternativo para cumplir con los servicios que brindan a la ciudadanía.
Con la nueva disposición del Ejecutivo, y la limitación de horario en el sector público (hasta las 13:00) nuevamente el equipo humano para atención a los contribuyentes se ve limitado.
“Cómo se explica que el sector privado se haya amoldado rápidamente a nuevos mecanismos de trabajo (cuadrillas, teletrabajo), aun en plena pandemia, para cumplir con sus compromisos y funciones en un plazo razonable, cumpliendo protocolos estrictos exitosamente, en tanto que el sector público aludido se encuentra estancado, ineficiente y reteniendo expedientes de meros certificados de condiciones de dominio o vigencia de poderes, reteniendo expedientes catastrales, faltando gravemente el respeto a la ciudadanía, pero percibiendo íntegramente sus salarios y demás beneficios, sostiene el comunicado.
Esta situación atenta contra la política gubernamental de atraer cualquier tipo de inversiones al país perjudicando aún más a la economía y propiciando la informalidad sin la seguridad jurídica que se merecen, sostienen finalmente.