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PIRIBEBUY, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Dicho clan está conformado por tres hermanos: el diputado y presidente del Consejo de la Magistratura Roberto Eudes González Segovia; Víctor Luis González Segovia, consejero de Itaipú, y Cayo González Segovia exintendente (2006-2015) y actual concejal municipal. Este último es el actual candidato por el Movimiento Concordia Colorada para la intendencia de Piribebuy.
Víctor Luis fue el primero en ocupar un cargo público al ser intendente del 2001 al 2006. Posteriormente, fue elegido como diputado por Cordillera, cargo que luego ocupó su hermano Roberto Eudes. Gana en promedio G. 82 millones como miembro del Consejo de Administración de Itaipú y desde su llegada al poder ha experimentado un significativo crecimiento en su patrimonio.
Roberto Eudes fue ministro del Interior por dos meses en el año 2003, bajo la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, para luego convertirse en consejero de Yacyretá. En el 2004 ocupó el cargo de ministro de Defensa, fue Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en el 2008 por algunos meses, y posteriormente ejerció como asesor jurídico de la Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones (Copaco) en el 2013. Fue director jurídico de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Municipal hasta el 2019. Es diputado por el departamento de Cordillera y también presidente del Consejo de la Magistratura.
Cayo fue elegido por dos períodos consecutivos como intendente de Piribebuy entre 2006 y 2015. Es concejal municipal y candidato a Intendente. En su último periodo como Jefe Comunal malversó G. 100 millones de Fonacide para remodelar una plaza. Actualmente, Cayo lleva adelante una guerra contra su oponente político el intendente Blas Gini (PLRA), trabando proyectos desde la Junta.
En el 2014 los hermanos, haciendo gala de su poder, mandaron derribar dos casas históricas para dar paso a la construcción de un supermercado y estacionamiento. La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) intervino en el hecho y la directora de patrimonio cultural Ana Lluis O’Hara había calificado este hecho como un crimen patrimonial.