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Luego de que en diciembre del año pasado el JEM ordenara una investigación preliminar sobre lo actuado por los intervinientes en el caso, entre ellos Legal y sus colegas Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Jorge Arce Rolandi y el Juez Mirko Valinotti, se dispuso que únicamente Osmar Legal sea el que afronte el enjuiciamiento, que tendrá como acusadora a la abogada Carmela Ramírez.
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El principal cuestionamiento por el cual solicitaron una mayor investigación contra Legal es porque consideran que hubo “llamativos” cambios de postura de los fiscales del caso, lo cual, a criterio por ejemplo del diputado Eusebio Alvarenga, genera “suspicacia”. “Lo que a mí me llama poderosamente la atención, repito e insisto, es que no se haya replanteado algún recurso contra la posición del Juzgado”, dijo Alvarenga, cuestionando que si bien el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los investigados, no apeló la decisión del Juzgado que otorgó medidas alternativas.
Alvarenga calificó dicha actitud al menos de “omisiva” por parte del Ministerio Público y destacó que sobre todo en casos como los de presunta corrupción, y más a este, ligado a la salud, la ciudadanía espera que se apliquen medidas como la prisión preventiva.
La ministra de Corte, Gladys Bareiro de Módica, por su parte, argumentó a favor de archivar la investigación contra todos los fiscales y el juez por esta causa. La misma argumentó que la actuación cuestionada fue durante un proceso “incipiente de la investigación” contra el clan Ferreira y otros, por lo que no se puede atribuir un mal desempeño de los mismos.
En enero de este año, el fiscal Legal solicitó la elevación a juicio oral y público del caso por los delitos de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos contra el clan Ferreira, conformado por Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira, entre otros funcionarios de la empresa Imedic, pero por ejemplo no indagó otras aristas como el presunto intento de estafa o eventualmente lavado de dinero.
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La investigación inicia en base al cuestionado cargamento de insumos médicos provenientes de China traído por Imedic, que una vez en nuestro país se constató que poseía diversas irregularidades teniendo en cuenta el contrato con el Ministerio de Salud. Desde equipos de protección y mascarillas que presuntamente fueron remarcados en nuestro país, así como el ingreso de más camas hospitalarias de las que indicaba el contrato fueron algunas de las irregularidades más relevantes visualizadas.
En el proceso solamente están investigados miembros del clan Ferreira y un despachante de Aduanas, ningún funcionario del Ministerio de Salud. El exministro Julio Mazzoleni fue citado, pero como testigo para el juicio.