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El Gobierno acordó ayer con los gremios gastronómicos y de eventos que los locales podrán seguir operando hasta la medianoche y que los consumidores deberán justificar la circulación en el horario restringido, después de las 20:00 horas, con documentos relacionados a la actividad de la cual participaron.
Con el nuevo decreto que dio a conocer la Presidencia de la República el último domingo, que entraría en vigencia el próximo jueves, los restaurantes, bares y eventos serían afectados duramente al restringirse la circulación de personas y la apertura de locales de servicios, con sus consecuencias en los puestos de miles de trabajadores.
Algunos de los directivos, incluso, adelantaron que no iban a acatar la medida y esto llevó a las autoridades a convocar a una reunión en la que, finalmente, se acordó mantener el sistema actual por otros 15 días.
El acuerdo será puesto a consideración del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien finalmente deberá tomar la decisión y de aceptar, emitir el decreto correspondiente.
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, explicó que los que circulen dentro del horario restringido deberán contar con la reserva, la invitación, la factura u otro documento relacionado.
Dijo que la policía y los miembros de las fuerzas militares implementarán un estricto control y, para ello, serán capacitados por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para determinar la veracidad de los documentos.
Instó a los que operan en la informalidad a que formalicen sus actividades ante la SET, que los eventos que se realicen en forma clandestina serán perseguidos y las fiestas en donde exista aglomeración de personas, de no adecuarse a las reglas, serán intervenidas. En ese contexto, indicó que los gremios aplicarán un sistema de autocontrol, porque se comprometieron a cumplir las reglas sanitarias y denunciar a los locales que no lo hacen porque ponen en riesgo al sector.
Giuzzio también expresó que los delivery deberán trabajar con el permiso laboral y el documento que establezca el lugar donde entregarán el alimento. A su criterio, si no se logra reducir el contagio, se volvería a la fase cero en Semana Santa o se aplicarían medidas más estrictas.
Por su parte, la ministra de la Unidad de Gestión, Carmen Marín, adelantó que el Ejecutivo también analiza la implementación de medidas complementarias en el ámbito financiero y económico, como la posibilidad de refinanciar deudas y postergar el pago de servicios básicos.
Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, dijo que están muy satisfechos que les dejen trabajar, seguir manteniendo los empleos y dar seguridad a los clientes.
Sostuvo que están denunciando a los que no cumplen con los protocolos establecidos, ya que cumpliendo es la única forma de combatir la pandemia.
De acuerdo a lo recabado por ABC, por ahora, se estaría descartando el pago de subsidios mencionado en un principio, ya que se requeriría de un nuevo préstamo o el redireccionamiento de créditos ya aprobados para poder hacer frente, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda no dispone de recursos genuinos.
Las finanzas públicas cerraron el año pasado con un déficit del 6,2% y una deuda pública total de US$ 12.212,9 millones, que representa el 34,2% del PIB, cifra que irá creciendo en el transcurso de este año.
La reunión se llevó a cabo ayer en la sede de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Hacienda en horas de la mañana. Participaron por el Gobierno, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo; y la ministra de la Unidad de Gestión Carmen Marín. Por el sector empresarial, estuvieron Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay; Sonia Cáceres, presidenta de la Asociación de Eventos y Entretenimientos, entre otros.