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La reforma del Estado continúa como una materia pendiente de los diferentes gobiernos de turno y, en particular, del de Mario Abdo Benítez (ANR) que había anunciado que impulsaría ante el Congreso una serie de cambios necesarios para mejorar los servicios públicos y ser eficientes.
La lista de reformas que figuran en el Plan de Recuperación Económica “Ñapu’ã Paraguay” incluye algunos que ya fueron aprobados, otros están en estudio en el Congreso y la mayor parte en carpeta a la espera de una decisión.
Por ejemplo, la mejora del sistema de compras públicas hasta ahora no se dio debido a la corrupción detectada en los procesos que se llevaron a cabo desde el inicio de la pandemia, principalmente en el campo de la salud.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a mediados de 2019 había emitido un informe en donde señalaba que Paraguay tiene un malgasto equivalente al 3,9% del PIB, en aquel entonces unos US$ 2.000 millones, por la ineficiencia de las entidades.
A partir de estos datos inclusive se creó una comisión con el sector privado para analizar medidas que permitan mejorar el gasto público, pero por el momento no se da y en el sector público persiste el despilfarro.
También está pendiente el proyecto de ley de “Organización de la Estructura del Estado”, pero se siguen creando instituciones públicas; la modificación de la ley la Función Pública, pero igual van sumando cargos cada año, nombramientos, aumentando salarios de funcionarios en este tiempo electoral.
El presupuesto actualmente tiene asignado 103 entidades dentro de esto el Ejecutivo tiene a su cargo 15 secretarías, así como consejos y otras dependencias. En tanto, los cargos superan los 312.000, más 50.000 contratados.
Igualmente se anunció una reforma del sistema de salud, de educación, del clima de negocios, la creación de la superintendencia de jubilaciones y pensiones, entre otros, que figuran en el listado de “Ñapu’ã Paraguay”.
Pago de impuestos
Hasta ahora uno de los proyectos que impulsó el gobierno con éxito es del sistema tributario, que hace que la gente pague más impuestos y aumente la recaudación para sostener el aparato estatal.
Además, otros proyectos priorizados ante el Legislativo son el que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal y el de administración de pasivos o “bicicleteo” de deudas. El primero de los proyectos citados, establece como tope de deuda pública el 40% del PIB y autoriza a incrementar por encima del referido límite en forma temporal para financiar el déficit, cuando se aplique las reglas de excepción o cláusula de escape.
El déficit fiscal, por su parte, podría ira hasta 3% del PIB al aplicarse las reglas de excepción, sea por declaración de emergencia por el Congreso o por caída de la economía.
El segundo proyecto ya está vigente y permitió en febrero último al Ministerio de Hacienda emitir bonos soberanos por US$ 339 millones para bicicletear la deuda que vence en 2023.
Lo único que aceleró fue el endeudamiento público, que el año pasado aumentó US$ 3.353,8 millones, con lo que el total alcanzó US$ 12.212,9 millones al finalizar diciembre, que equivale al 34,2% del PIB.
Sólo para enfrentar la pandemia, en teoría para fortalecer el sistema de salud y mitigar sus efectos en la economía, se endeudó a la población por US$ 1.990 millones, monto al que deberá sumar con el plan de recuperación otros US$ 349 millones.