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La estimación preliminar del FMI señala que en el ejercicio 2021 la deuda pública paraguaya aumentará a 35,4% del PIB, el año siguiente crecerá a 36,3% y se mantendrá en este nivel en 2023 y 2024, para luego bajar levemente de nuevo a 35,7% en 2025.
Los datos forman parte de un cuadro de indicadores que acompaña las conclusiones que el directorio del FMI dio a conocer la semana pasada sobre la “Consulta del Artículo IV con Paraguay correspondiente a 2020”, elaborado a partir del informe de la misión técnica que evaluó nuestra economía en noviembre del año pasado.
Atendiendo la referida proyección, el endeudamiento llegaría este año a unos US$ 12.630,3 millones tomando como referencia el resultado económico del año pasado que cerró con un PIB de US$ 35.679 millones, tras la caída de 1% como consecuencia de la pandemia y la cuarentena implementada.
El último informe divulgado por el Ministerio de Hacienda indica que el año pasado la deuda pública total alcanzó el 34,2% del PIB, lo que representa unos US$ 12.212,9 millones y esto implica que en el presente ejercicio se sumarán otros US$ 417,4 millones que la ciudadanía deberá en el futuro pagar con los impuestos.
El gobierno de Mario Abdo Benítez en un solo año endeudó al país por US$ 3.354 millones vía emisión de bonos del Tesoro, bonos soberanos y préstamos de organismos financieros internacionales, principalmente para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y mitigar sus efectos en la economía.
La deuda ya se encuentra muy por encima del 30% del PIB que economistas y exministros de Hacienda locales consideran razonable y sostenible, por lo que habían sugerido poner freno volviendo ya en 2022 al tope de déficit fiscal de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El año pasado el saldo rojo cerró en 6,2% del PIB y para este ejercicio se prevé culminar el año con -4%, panorama que podría complicarse aún más debido a la crisis sanitaria con consecuencias impredecibles y la crispación ciudadana por la corrupción imperante en el gobierno, la falta de vacunas y medicamentos, así como la difícil situación económica.
El Ministerio de Hacienda, sin embargo, considera que el tope de deuda razonable es el 40% del PIB y así lo estableció en el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) presentado a consideración del Congreso en diciembre último. Además, la cartera pretende que en caso de excepción el déficit fiscal llegue hasta un 3% del PIB, sin necesidad de solicitar autorización al Congreso.