Tras el avance del covid-19 en todo el territorio nacional y la aplicación de la Ley de Emergencia, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) comprometió durante el 2020 unos 514.000.000 de dólares a adquisiciones y adjudicaciones, convenios para la compra de vacunas, terapias e insumos, contratación de recursos humanos y otros.

A pesar de la inversión realizada para ampliar el servicio de camas de terapia a nivel país, que creció de 308 al inicio de la pandemia a 636 en un año, la cartera sanitaria no previó la acuciante necesidad que se registra actualmente de muchos de los fármacos utilizados diariamente para la atención de pacientes con covid-19 ingresados a las salas de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Entre estas la principal carencia reportada es el atracurio, una droga utilizada de entre 10 e incluso 30 ampollas o más por día en cada paciente intubado para lograr su relajación.

La falta de gestión del Ministerio de Salud para la dotación de medicamentos a los hospitales durante la pandemia del covid-19 ya generó gastos millonarios a cientos de familias que deambulan por los centros médicos asistenciales de referencia buscando la forma de adquirir los fármacos. Cabe mencionar que fue a raíz de la lentitud de los procesos que se realizó un cambio en la Dirección de Insumos Estratégicos al designar -semana atrás- al doctor Derlis León como nuevo responsable del departamento en reemplazo de Nery González. La crisis sanitaria por la falta de insumos básicos y medicamentos esenciales para la atención de pacientes con coronavirus causó también que el viernes último, solo a dos días de cumplirse el primer año de pandemia en Paraguay, el doctor Julio Mazzoleni presentara su renuncia a su cargo al frente de Salud Pública. La decisión fue anunciada a la mañana siguiente de su última conferencia de prensa, donde incluso aseguró que no aceptaría el pedido realizado por el Poder Legislativo que lo instaba a presentar su carta de renuncia.

Por su parte, el doctor León -quien se desempeñaba como director del Hospital General Barrio Obrero- prometió acelerar los procesos para garantizar la compra y distribución de medicamentos carentes en los hospitales, principalmente aquellos relacionados a los pacientes con covid-19. Sin embargo, a semanas se haber iniciado sus tareas al frente de la Dirección las necesidades siguen creciendo en todos los hospitales del país. Conforme se comunicó estos días, el MSPBS entregó al Ineram y Hospital Nacional 5.000 unidades de midazolam y 4.000 ampollas de atracurio y que se proveerá al país antes del 12 de marzo, 300.000 unidades más de midazolam y 116.000 ampollas de atracurio.

En su último reporte como ministro de Salud, Mazzoleni alegó que el consumo de estas drogas actualmente es de cuatro veces más. Acorde explicó, de 7.285 unidades de atracurio utilizadas por mes antes de la pandemia el consumo aumento a 26.761, en tanto que de 75.248 unidades de midazolam distribuidas durante el mes, el consumo creció a 120.973 durante la pandemia. Mazzoleni alegó además que los proveedores adeudan actualmente el MSPBS 50.818 ampollas de atracurio y 356.638 unidades de midazolam.

Actualmente, además de la falta recurrente de atracurio, los familiares de pacientes con covid-19 internados en terapia intensiva deben hacerse cargo de la compra de otros fármacos como Lozartán para la presión arterial, Omeprazol para la acidez estomacal, Nitroglicerina para relajar los vasos sanguíneos, Furosemida para tratar el edema, Heparina empleado como anticoagulante entre muchos otros. Esta última semana, la necesidad apremiente de estos medicamentos llevó incluso a que familiares de pacientes internados y personal sanitario del Ineram salieran a las calles a exigir respuestas por parte de las autoridades la cartera de Salud y el Gobierno Nacional.

Con lagrimas en los ojos y desesperado clamor, los afectados relataron que ya no saben dónde recurrir o qué vender para afrontar los gastos que conlleva la internación en terapia intensiva. Es así que mientras Salud Pública asegura que la carencia que reporta nuestro país se debe a la demanda mundial que existe de estos fármacos, los gastos de bolsillo rondan como mínimo los G. 2.000.000 por día por paciente internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Algunos afectaron que incluso ya gastaron alrededor de G. 60.000.000 solo en medicamentos.

Según se sabe, del monto entregado a Salud Pública para afrontar la pandemia del covid-19, muchos de los rubros no han sido ejecutados en su totalidad, pero se encuentran comprometidos -según indican sus autoridades- y se irán saldando las cuentas en la medida que se adjudiquen los llamados, se reciban las órdenes de compra o se entregue el bien licitado para implementarlo en el sistema público de salud.

Este primer año de pandemia, una de las mayores inversiones realizadas a la fecha para el fortalecimiento de la salud fue el dinero invertido en la ampliación de camas de terapia intensiva, un área sumamente carente desde hace tiempo, pero que actualmente muestra un incremento del 100%.

Al inicio de la pandemia, en el país había 308 camas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el sector público, cifra que hoy se duplicó y llega a 636 camas en todo el país. No obstante, a pesar de la intención de seguir ampliando el servicio para dar mayor contención a los pacientes aquejados por el coronavirus en grave estado, Salud Pública ya dejó claro que este es el límite al que se podrá llegar por la falta de profesionales médicos intensivistas.

Actualmente, en nuestro país solo hay unos 200 médicos especializados en terapia intensiva, lo que complica la atención en las salas de terapia intensiva pues cada médico debe hacerse cargo -en muchos casos- de más de tres pacientes internados.

Casos de corrupción

Además, los intentos de la regencia sanitaria en mejorar sus servicios y garantizar la atención a pacientes con covid-19 en muchos casos pasaron a segundo plano puesto que a la par en que se iban haciendo los llamados a licitación y adjudicaciones para la provisión de insumos y otros, se fueron destapando grandes hechos de corrupción de aquellos que buscaron sacar ventaja de los recursos especiales provenientes de la emergencia sanitaria.

Sonados casos como el llamado “insumos chinos” que involucra al clan Ferreira y el de los “tapabocas de oro de la Dinac”, por el que está procesado el extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo, dejaron en evidencia estructuras delictivas creadas para estafar y llenarse los bolsillos con el dinero de los contribuyentes.

Así como estos, muchos otros casos de corrupción se fueron destapando a la largo de este primer año de pandemia en el país.