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Cuando faltaba un día para el reinicio de las clases presenciales, que habían sido suspendidas hace casi un año por la pandemia de covid-19, ayer la jueza Inés Galarza Careaga comunicó al ministro de Educación, Eduardo Petta, la presentación del citado amparo constitucional por parte de la FEP, que exige que el reinicio de las clases presenciales sea pospuesto.
El abogado Marcos González, representante legal de la FEP, dijo a ABC Cardinal que el objetivo de dicha presentación es que se retrase el comienzo de la asistencia física a los centros educativos estatales y se siga con el sistema exclusivamente a distancia “mientras no haya las condiciones” de bioseguridad o en general que garanticen la salud de docentes y alumnos “en este momento que la pandemia arrasa con todo”.
El Ministerio de Educación dispuso que el regreso a las aulas en colegios públicos se haga de forma parcial, con una parte del alumnado acudiendo a clases de forma física y el resto continuando con la educación a distancia que fue necesariamente adoptada en 2020 a causa de la presencia del coronavirus en el país.
González propuso que el MEC y los docentes dialoguen “sobre cómo hacer una reintroducción paulatina a las clases presenciales”, diciendo que un “plan estratégico” sobre el tema ya debió ser elaborado en conjunto, pero denunció que “hay intransigencia” por parte del MEC.
“Tienen que actuar todos los actores que convergen en educación y dar una salida que asegure la vida de todos los que componen la comunidad educativa”, agregó el abogado de la FEP.
El ministro Petta refirió ayer que el 77% de las instituciones educativas públicas del país están en condiciones de abrir a partir de hoy y calificó de “incoherentes” a los líderes sindicales docentes.