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En un extenso material interactivo, la organización InSight Crime presentó los resultados de una investigación que desarrolló durante los últimos dos años en los países de la Triple Frontera -Argentina, Brasil y Paraguay- sobre la evolución del crimen organizado.
El capítulo dedicado a nuestro país fue extenso y detallado y en el mismo puntualizaron tres aspectos sobre cómo el narcotráfico y el contrabando se fueron arraigando en territorio nacional hasta convertirlo en la ruta de comercialización más frecuente y viable para los delincuentes.
Uno de los primeros puntos mencionados en la investigación es que Paraguay -además de ser el mayor productor de marihuana de la región- se convirtió en un importante procesador de cocaína. De hecho, hacen referencia a la zona del Chaco paraguayo, donde se establecieron varios laboratorios de producción de dicha droga, cuyo destino final son los países europeos.
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Además, señalan que en nuestro país son menores los controles en la venta de los químicos requeridos para producir cocaína, “lo que eleva el atractivo del país como ubicación alternativa para el procesamiento del alcaloide”.
Sobre el tráfico de marihuana, recordaron que temidas bandas criminales brasileñas como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho se disputan el territorio en el sur del país, específicamente en Itapúa, departamento que linda con Argentina, donde el incremento del turismo abrió nuevos mercados para la venta de la hierba.
Igualmente, indican que debido a la incursión del PCC en Pedro Juan Caballero -ciudad fronteriza con Brasil- se dio un aumento en la criminalidad por el establecimiento y la permanencia de la banda delictiva en dicho territorio.
Entretanto, a nivel local, el clan Rotela también tomó protagonismo y se sirvió de la superpoblación de las cárceles para aumentar sus adherentes y convertirse en una fuerza de mayor consideración.
La disputa por los territorios para el tráfico de drogas se extendió a las cárceles, debido a que los grupos criminales se valen de la superpoblación de reos para reclutar nuevos integrantes y fortalecer su estructura aun con sus líderes tras las rejas.
Todo esto se enmarca en la diversificación criminal, puesto que, además del tráfico de marihuana para el abastecimiento de los países vecinos -Argentina y Brasil-, ahora también se exporta cocaína a Europa.
Entre estos grupos delictivos, el que más peligro representa es el PCC, por el gran despliegue y la sofisticada logística que utiliza en sus crímenes.
Narcopolítica y protección a traficantes
El trabajo de InSight Crime hace un apartado para hablar sobre la incursión de políticos en el narcotráfico y la protección que estos otorgan a los criminales. “La relación entre la política y el crimen organizado también presenta una evolución, con el creciente interés por el narcotráfico entre personajes en la función pública”, reza la publicación.
Conforme afirman, cierta élite política encontró una fuente de financiamiento en el crimen organizado, del que obtiene fondos para campañas electorales. El acceso a estos recursos se da, sin dudas, gracias a la protección e impunidad que desde sus puestos los políticos brindan a los delincuentes, que a su vez devuelven el favor con dinero. Esta situación “degrada el proceso electoral”, con campañas viciadas que finalmente afectan a la democracia.
Citan, como ejemplo, el caso del diputado Ulises Quintana, procesado en un caso de narcotráfico vinculado a Reynaldo ‘Cucho’ Cabaña. El legislador aún afronta un proceso judicial por supuestamente haber utilizado su investidura para dar protección a cargamentos de cocaína a cambio de dinero ilícito.
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La estructura judicial del país no solo permitió que Quintana abandone la prisión, donde estuvo recluido de forma preventiva, sino que también pueda presentar su candidatura a intendente de Ciudad del Este (CDE) -justamente una de las localidades afectadas en la Triple Frontera- con el apoyo de una de las nucleaciones políticas más grandes y más cuestionadas del país: la Asociación Nacional Republicana (ANR). Así también, el diputado al obtener su libertad se reincorporó sin mayores trámites a su banca en la Cámara Baja.
“Quintana además es un ejemplo de un político de menor rango que entró a los círculos criminales que alguna vez controlaban las élites, gracias a su presunta relación con el crimen organizado”, remarcan en el documento.
El contrabando como parte de la economía regular
Otro punto desarrollado en la investigación hace referencia a la “democratización” del contrabando, al que califican como “una economía de mercado regular, que responde a los cambios de la oferta y la demanda”.
Los autores de la publicación expresan que el arraigo del contrabando como actividad comercial constante se ha convertido en una fuente de financiamiento de campañas políticas.
En ese contexto, recalcan que la incursión de grupos criminales en la Triple Frontera acentuó dicha actividad ilícita, puesto que los vendedores locales encontraron en ellos un nuevo mercado para ofertar sus mercaderías falsificadas.
El flujo del contrabando se mantiene constante con el transporte de tabaco, medicinas, electrodomésticos, productos agropecuarios, automóviles y repuestos.
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