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En el material audiovisual que acompaña el trabajo de la organización InSight Crime sobre la narcopolítica y el crimen organizado que afecta a nuestro país, Ángela Olaya Castro, una de las investigadoras, apunta que el Clan Zacarías, liderado por el senador Javier Zacarías Irún y su esposa, Sandra McLeod, exintendenta de CDE, es uno de los principales responsables de la incursión de nuevas figuras en las esferas políticas, todas a través del Partido Colorado, con estrecha relación con el crimen organizado.
En parte de la publicación, que fue desarrollada en colaboración con sociólogo Carlos Peris, Olaya resalta que Alto Paraná y su capital Ciudad del Este (CDE) constituyen un importante eslabón en la distribución del poder político del país. También recalca que es un relevante centro de ingresos económicos, no siempre de forma legal ya que operan casas de cambio y comercios donde fluye el contrabando, porque no existen mayores controles o restricciones.
Recordó que justamente Ulises Quintana, quien admitió haber recibido apoyo financiero de “Cucho” Cabaña para su campaña política, presentando a este como un prominente empresario de la zona, fue introducido a la política por medio de los referentes del Clan Zacarías, quienes sostienen el poder político en el departamento esteño e incluso manejarían las esferas judiciales.
“Quintana era un personaje relativamente nuevo (en la política). Y la entrada de Quintana se dio efectivamente a través del Clan Zacarías y el Partido Colorado”, subrayó.
Cabe recordar que el senador Javier Zacarías Irún y su esposa, Sandra McLeod, afrontan varios procesos judiciales por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, declaración jurada falsa, desvío de fondos de la Municipalidad de CDE, entre otros.
Si bien McLeod se apartó de la intendencia al iniciarse las causas en su contra, el legislador sigue cumpliendo sus funciones en el Senado, de forma regular.
El asesinato de Pablo Medina como ejemplo de la expansión del narcotráfico
Conforme señalan en el material, la competencia entre los autores criminales dedicadas al tráfico de drogas y al contrabando acentuaron la ocurrencia de delitos y crímenes en las ciudades fronterizas y además profundizaron los intereses de los narcos en formar parte de los escaños de poder. Los principales casos se dan el Amambay, ciudad vecina a Brasil y así también se extendieron a otros departamentos como Canindeyú, donde antes no operaban las bandas delictivas, al menos de forma tan explícita.
El caso más significativo que salió a la luz en Canindeyú fue el asesinato del periodista Pablo Medina, cuyo autor moral fue el entonces intendente del distrito de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta Marques (ANR, Honor Colorado). Las pesquisas realizadas comprobaron que el citado coordinó y monitoreó el asesinato del periodista de ABC Color por teléfono.
Según mencionan, las disputas entre Acosta y otras agrupaciones de narcotraficantes expuestas en las publicaciones del periodista fueron el detonante de las intenciones de “callarlo”.
Acosta Marques había amenazado en reiteradas ocasiones a Medina como consecuencia de las publicaciones que lo vinculaban con el narcotráfico. Un Tribunal de Sentencia condenó al político narco el año pasado, a 30 años de cárcel.
En mayo de 2020, Interpol Paraguay confirmó la detención de Wilson Acosta Marques, hermano del exintendente de Ypehu Wilmar “Neneco” Acosta, sindicado como supuesto autor material del crimen del comunicador.
El asesinato de Medina es una clara muestra de cómo el crimen organizado va extendiendo su territorio de operación, especialmente en localidades donde pueden contar con la protección de funcionarios ligados al poder político. Estos hechos dañan a la democracia y denigran el ejercicio de la justicia en el Paraguay.