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En este distrito está en vigencia la Ordenanza N°02/2019 por la cual se establece mecanismos de participación ciudadana y transparencia a través de audiencias públicas, para explicar del presupuesto municipal participativo, rendición de cuentas y otros. Dicha ordenanza establece que la audiencia pública a más tardar se tendría que llamar en la primera quincena de febrero de cada año, y que en este municipio no se cumplió. A parecer existe resistencia por parte del ejecutivo comunal de presentar el balance general, estado de resultado, ejecución presupuestaria, correspondiente al ejercicio fiscal que feneció.
En dicha reglamentación se pide informar sobre montos de transferencias de royalties, compensaciones y de Fonacide, que se realizaron con sus respectivas documentaciones, informar sobre las licitaciones realizadas en el ejercicio fenecido.
La rendición de cuenta debe ser remitida a las comisiones vecinales, una semana antes de la fecha fijada para la audiencia. En dicha,concentración de los ciudadanos, el participante tendrá derecho a opinar, debatir y formular observaciones y sugerencias en el acto de la audiencia sobre el tema objeto de la convocatoria ciudadana.
El concejal Juan Angel Ortiz (Frente Guasú), manifestó que en sesión de la Junta Municipal solicitó que el intendente Alfonzo, informe el motivo por el cual no cumplió con lo que establece la ordenanza municipal de la rendición de cuenta de su gestión.
La ciudadanía reclama a los concejales del porqué no se transparenta la gestión, nadie sabe en qué se invierte los recursos de royalties y Fonacide y es una obligación del intendente informar a los ciudadanos y también a los miembros de la Junta Municipal.
El intendente local, Alfonzo, solo se limitó a decir por mensaje de texto que va a convocar a la ciudadanía para la audiencia pública. Pero no especificó cuándo lo va a realizar.
Alfonzo no tiene aprobada su ejecución presupuestaria del 2019, por observaciones de un faltante de G.490 millones de los recursos de royalties.
El ejecutivo comunal quien aspira la reelección, tiene pendiente una investigación por lesión de confianza al distribuir víveres con gorgojos a padres de familia de escolares de cinco instituciones educativas de las compañías Simbrón y Mbocayaty.