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El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, expuso esta mañana a los parlamentarios los aspectos principales que propone para reformar la actual normativa de compras públicas, que es la Ley N° 2051. La presentación se encuentra disponible en redes sociales, puesto que fue transmitido de manera online.
En una apretada y sistemática síntesis de media hora, Seitz identificó las problemáticas y las soluciones propuestas y los beneficios que serán obtenidos con la implementación.
Entre los primeros puntos estuvo la necesidad de facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 90% del tejido empresarial y no son proveedoras del Estado, uno de los cuestionamientos de los referentes del sector, ya que el Estado cumple un rol fundamental para inyectar recursos y así, colaborar en el dinamismo de la economía.
Seitz detalló que con la ley vigente se reportan pocos oferentes en los llamados, con un promedio de dos por licitación y aclaró que lo ideal serían cuatro; afirmó que es necesario simplificar los procedimientos y que los mismos respondan a los requerimientos del mercado, además de optimizar la información de las empresas, y de forma sistemática facilite información que permite identificar en las evaluaciones a aquellas que son “de maletín”, que fue el caso registrado con las compras del Salud y el “clan Ferreira”.
Destacó las compras vía excepción, sistema aplicado durante la emergencia sanitaria y que desnudó la falta de claridad en las especificaciones de los casos a utilizarse. Otro punto controversial fue la fijación de precios de referencia por parte de las entidades convocantes, sobre lo cual Seitz apuntó a la deficiencia en la comparación de precios de mercado y los ofertados, así como la dificultad para monitorearlos. Para ello, propone una reforma de ley, con un sistema informatizado que “profundice la regulación de estimación de precios” con una unidad técnica que realice los controles para aumentar la transparencia, evitar altos costos o irrisorios, esquema que compañías para adjudicarse millonarias adjudicaciones a costa de la calidad del producto o servicio.
Por ese motivo, sugiere actualizar el principio de adquirir el “precio más bajo”, reemplazando por calificación de ofertas que determine “valor por dinero” y con criterios sostenibles.
Seitz también observó que existe poca información de los evaluadores, quienes son los responsables de compras en las instituciones y estableciendo parámetros de idoneidad y aminorar los posibilidades de conflictos de intereses.
Sugiere además un control de la ejecución de los contratos, entre otros puntos para fortalecer la función de la institución y que no se limita sólo a compras.
Seitz recalcó que la propuesta es el resultado de un trabajo elaborado en conjunto con instituciones públicas y privadas. Fue presentada al Ministerio de Hacienda, ente que respondió con sugerencias que el Estado como “cliente” califique a las empresas, “si cumplimos los objetivos que tenemos que nos planteamos”, indicó. “Hoy no se evalúa eso en el sistema de compras del Estado y es una excelente propuesta de Hacienda de incorporar ese capitulo en el concepto de cadena de suministros”, señaló y agregó que se trata de una propuesta bien compleja.