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El juez Hugo Garcete, responsable del Juzgado Civil y Comercial del 11º Turno de la Capital, también tiene en sus manos la definición de la demanda que la aseguradora Royal Seguros SA había iniciado en mayo del año pasado, contra la Procuraduría General del Estado (PGR), con la cual pretende evitar el pago de los G. 40.390 millones (US$ 6,2 millones al cambio actual) de la póliza de fiel cumplimiento del fallido metrobús.
Con este propósito, la aseguradora vinculada al exjefe de gabinete de Cartes, Juan Carlos López Moreira, había depositado el monto mencionado en una cuenta judicial, en mayo del 2020, con la cual se inició una demanda de pago por consignación, con la que pretende que el juzgado condicione el pago de la garantía a las resultas de un arbitraje internacional en curso entre la portuguesa Mota Engil y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Este arbitraje sigue en marcha y lo que pretende Royal es esperar la sentencia del Tribunal de arbitraje y solo pagar la millonaria póliza si el Tribunal Arbitral sale a favor del Estado. El juez Garcete debe decidir si transfiere los fondos al MOPC o que se espere la resolución del arbitraje “ad hoc”. El magistrado confirmó ayer que el caso ya está en autos para sentencia desde este mes, y que entre mayo y abril ya se tendría una sentencia. “Es una demanda donde la compañía deposita el monto de la póliza y solicita que se subordine el pago (de la póliza) al resultado de un arbitraje, que está pendiente y el Estado no acepta esa situación de subordinar, ya que considera que es una cuestión independiente. El estado lo que pretende es cobrar sin esperar los resultados del arbitraje”, indicó.
En el juzgado de Garcete también se encuentra la demanda de Texos Oil a Petropar, que también está en autos para una sentencia desde el 2017, pero no se definió hasta la fecha por “sobrecarga laboral”, había dicho el magistrado en su momento.
En el caso del metrobús, el Procurador General de la República, Juan Rafael Caballero, señaló que la demanda iniciada por Royal no corresponde por el simple hecho de condicionar el pago a las resultas del arbitraje. “Esa demanda lo inició Royal por pago de consignación, que está sujeta a una condición y eso no es propio de un pago por consignación, porque este tipo de acciones se toman cuando hay deudas que el acreedor no quiere recibir. Eso está mal en su demanda según nuestro criterio y el Estado tiene todo para ganar”, expresó.
Respecto al arbitraje, el procurador dijo que ya respondieron a la demanda de Mota y que sigue su curso.
Solo una garantía se recuperó
Vale señalar que el MOPC rescindió el contrato del metrobús en febrero de 2020, cinco meses después de que las obras se hayan paralizado, porque la portuguesa Mota Engil se negó a prorrogar la garantía de Royal. Tras esta decisión, reclamó las garantías del anticipo (Banco Itaú) y la garantía de fiel cumplimiento de contrato (Royal). Itaú devolvió en dos pagos unos US$ 6 millones, luego de amenaza de demandas, y Royal resolvió depositar los 6,2 millones en una cuenta judicial.