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La Municipalidad de Asunción justifica el monto millonario que anualmente gasta en los grupos de personas que ocupan ilegalmente las orillas inundables del río y buscan ser asistidos permanentemente por esta institución y otras.
Solamente entre diciembre del 2020 y enero de este año, la Comuna ya destinó G. 342 millones para alquilar y proveer de baños móviles, entregar chapas, bolsas, terciadas, puntales, clavos y otros materiales a las familias afectadas por el incendio ocurrido en Navidad en la zona de la Chacarita (que afectó al Cabildo) y a quienes “huyen” de la riada y se instalan en las plazas y otros espacios.
Al respecto, Wilfrido Cáceres, director general de Administración y Finanzas de la Municipalidad, indicó que la ordenanza 608/15 -a través de la cual se creó la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos y Desastres- es la que le faculta y obliga al municipio a actuar en la prevención y mitigación de riesgos de distintas naturalezas. Señaló que en el caso de las inundaciones, estos grupos de familias quedan “desprotegidos” al quedar anegadas sus “viviendas”. Además, comentó que hasta el momento fueron alquilados y distribuidos 20 baños portátiles, incluyendo los colocados en las plazas de Armas, Independencia y Salazar, ubicadas frente a la Comandancia y el Congreso. Cabe mencionar que algunas familias que se instalaron y destrozaron estos espacios públicos armaron sus propios baños y desagües.
Respecto a la ocupación de las plazas, Cáceres respondió que se trata de sitios que están a cargo de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), institución que tampoco responde por qué permite que se produzcan tales destrozos en esa zona reconocida como Patrimonio Histórico.
“La pobreza es una cuestión transversal que atañe al Gobierno Central, a los municipios y a la ciudadanía toda. Todos los cinturones de pobreza se desarrollan en zonas no catastradas porque se asientan en un lugar y esa situación viene de hace años. La Municipalidad y la ciudadanía no pueden desconocer la necesidad de estas personas y que tenemos una función social. Sería muy ladino decir que el contribuyente se molesta -por- que parte de los tributos se destinan a programas sociales”, remarcó el funcionario.
Al indicársele que esos grupos arruinan plazas que luego deben ser reparadas con dinero de los contribuyentes, se limitó nuevamente a decir que es “una cuestión de pobreza”.