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Quien tenía la condena más alta era Julio César González Cáceres, de 40 años. El recluso había sido sentenciado a 27 años de prisión en el 2018 por haber confesado haber matado a su hijo de solo cinco años en marzo de 2015 como una de las formas de amedrentamiento y amenaza a la madre del niño, de quien se había separado.
El cuerpo sin vida del niño fue encontrado el 18 de marzo del 2015 en el kilómetro 43 de la ruta Troncal III, de Chaco’i. Tras cometer el crimen, González Cáceres huyó y fue capturado el 29 de abril del 2015 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por agentes de la Interpol de la Policía Federal y posteriormente fue extraditado a nuestro país.
La madre del niño fallecido había denunciado a las autoridades que su expareja la amenazaba constantemente con matar al pequeño; pese a eso, González obtuvo permiso para llevarse al chico los fines de semana y en la primera ocasión que lo hizo, perpetró el hecho.
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Roberto Ríos, que murió ayer a los 54 años, tenía lo que se conoce como un frondoso antecedente criminal. Fue capturado por primera vez en 1995 por los homicidios del abogado Federico Mario Steiner Molas, en un asalto en el barrio Obrero de Asunción, y por el crimen del aduanero Galo Antonio Flor Rivas, quien a su vez fue secuestrado, asesinado y quemado dentro de su vehículo, en Villa Elisa; según el archivo de nuestro diario.
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Aunque debía salir libre recién en 2020 –el año pasado–, en el 2014 el juez de Ejecución Víctor Manuel Medina Silva le concedió la libertad el 20 de noviembre de ese año, pese a que en la cárcel seguía operando como extorsionador.
Desde que salió de la cárcel en 2014, Ríos cometió al menos cuatro asaltos más y fue detenido el 23 de agosto de 2016. El fallecido ayer era un experto ladrón de cajas fuertes y operaba con el uruguayo Rubén Darío Rey Gómez, de 59 años, alias “El abuelo”. Por estos hechos cometidos entre 2015 y 2016, fue condenado a 9 años de cárcel.
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Los otros cinco fallecidos sin condena de acuerdo a datos del Ministerio de Justicia son Carlos Raúl Casco Rojas (25), procesado por hurto agravado; Fernando Ortiz Echeverría (27), procesado por hurto agravado; Julio César Shareamm Barrios (31), procesado por robo agravado, Alcides Ramón González González (26), procesado por robo agravado y Francisco Vargas Leiva, también por hurto agravado.
Según datos proporcionados en agosto del año pasado por la ministra Cecilia Pérez, solo el 30% de la población carcelaria tiene condena, una situación que ubicó a Paraguay como uno de los países de la región con la mayor mora judicial. Otra situación que hace colapsar el sistema penitenciario es la gran cantidad de órdenes de prisión preventiva requeridas por la Fiscalía y concedidas por los magistrados.
