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Además, el representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura mostró preocupación por los grupos del crimen organizado que desde hace unos años han invadido las penitenciarías, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela, que incitan y guían a los demás internos a luchas sin sentido y comportamientos de violencia extrema, que luego derivan en la muerte de los eslabones más débiles de la cadena.
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Galeano recordó que en el 2019 habían intentado una vez más acciones concretas del gobierno, y se habían reunido con los tres poderes del Estado estableciendo mesas técnicas para visualizar en los alcances más importantes la situación penitenciaria.
En ese momento, recordó Galeano, “se les había pedido a los presidentes de los tres poderes del Estado una solución que tuviera que ver con reformas legislativas, con apuntar a la variación de la cultura del encierro como único elemento para solucionar problemas delictivos en la sociedad, una política criminal diferente, además de una aplicación del derecho penal diferente, interpelando al Poder Judicial en cuanto administrador de la justicia, al legislativo en cuanto a dictar leyes necesarias y ejecutivo en cuanto administrador del sistema penitenciario”.
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Acciones nunca se concretan
Pero pese a los intentos, no se logró concretar ninguna acción que mejore la situación penitenciaria de nuestro país. Es por eso que ante las muertes ocurridas anoche, el Mecanismo de Prevención de la Tortura considera que no se puede esperar más y es el momento de que todos los actores intervinientes en el tema penitenciario debemos conversar en profundidad sobre esta grave problemática de la violencia en las cárceles.
“Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, las cárceles son una bomba de tiempo, no solo por el hacinamiento, por los presos sin condena o por la falta de necesidades básicas como el agua, sino por cuestiones que se ven menos y son difíciles de combatir, como la corrupción generalizada que ha permeado y la emergencia de grupos del crimen organizado que tienen enorme poder al interior de las penitenciaría”, ejemplificó José Antonio Galeano.
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En cuanto a las muertes ocurridas, Galeano citó que la decapitación parece ser usanza de uno de los grupos del crimen organizado que existen en Tacumbú. Por otro lado, “nuestras cárceles son de una indignidad humana tal, que confluyen todos los factores para que personas privadas de su libertad, lejos de sus afectos, de sus causas, lejos de su abogados vivan en una coyuntura convierten a nuestras cárceles en una bomba de tiempo emocional y sicológica que va alterando a los internos”, explicó José Antonio Galeano.
“No porque mató a alguien no tiene derechos”
Con respecto a la crítica que siempre se les realiza a los que trabajan por los derechos humanos, relacionada a que defienden a criminales o personas que han cometido delitos, Galeano respondió que este es el mandato que les da la ley, de “velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ese mandato legal es irrenunciable, no podemos sino procurar independientemente de la razón por la cual tengan privación de su libertad. No podemos decir este porque mató a alguien no tiene derechos, tiene derechos inherentes a la persona humana”, argumentó el presidente del MNP, antes de añadir que “no hay sociedad conservadora que vea con buenos ojos a los defensores de derechos humanos”.
Según un relevamiento oficial de datos realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el periodo 2013 a 2020 se registraron 392 muertes dentro del sistema penitenciario paraguayo.
En la noche del martes se desató un amotinamiento en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que dejó como saldo siete fallecidos, según confirmó el fiscal Giovanni Grisetti.
Otros datos: “Les apuñalaban, tiraban piedras, cuchillos, hasta armas de fuego vimos”
Se confirmó que tres de los reos fueron decapitados y el resto habría sido asesinado a puñaladas, según los datos brindados por los testigos de lo sucedido.
Se cree que la lista de fallecidos podría ser mucho más amplia, puesto que los agentes policiales ni penitenciarios aún no lograron verificar todas las instalaciones del penal debido al ambiente de tensión y violencia.
Escenas de violencia extrema
La revuelta en la penitenciaría inició ya en horas de la mañana del martes, pero durante el final de la tarde se vieron los momentos de mayor violencia. Los bomberos que ingresaron para sofocar el fuego relataron que vieron cómo apuñalaban a los cuerpos tendidos en el suelo, además de luchas campales con piedras, cascotes y hasta armas de fuego.
El forense Pablo Lemir es quien está realizando la inspección de los cuerpos en la Morgue Judicial, acompañado de los agentes fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano.
Tras el amotinamiento de la tarde, los internos tomaron el control de la penitenciaría de Tacumbú. Hubo 18 funcionarios penitenciarios retenidos por los reos, que exigieron la presencia de la ministra de Justicia Cecilia Pérez.
La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, aseguró este miércoles que el motín que se produjo ayer en la cárcel de Tacumbú, en donde murieron siete reclusos, fue consecuencia de las medidas implementadas por el ente a su cargo y que generan el repudio de los presos. Además, sostuvo que no hubo implicados del Primer Comando da Capital (PCC), sino que el conflicto se intensificó por las peleas internas entre los reos, especialmente los que forman parte del clan Rotela. Añadió que seguirá adelante con el traslado a la Agrupación Especializada de Orlando Efrén Benítez Portillo, uno de los factores que causó la revuelta.
Nuevos lineamientos caldearon ánimos
Según las primeras versiones, el motín que fue causado por un cúmulo de determinadas situaciones en donde resalta la orden de traslado desde esa cárcel a la Agrupación Especializada del asaltacajeros condenado Orlando Efrén Benítez Portillo, exintegrante de la banda que lideraba Nelson López, alias Yacaré Po, que ya falleció. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, afirmó hoy en conversación con ABC que no dará marcha atrás en la decisión de traslado de Benítez Portillo y recordó que la medida se decidió por una alerta de fuga en donde también está implicado Armando Rotela (líder del clan Rotela), el grupo delictivo más influyente de la penitenciaría.
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