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Hasta la fecha no existe ningún imputado en el caso del faltante de G. 600 millones en la Agencia Regional Alto Paraná de la ANDE. El fiscal de Delitos Económicos, Juan Ledesma, es quien lleva el caso, según informó el asesor jurídico de la ANDE, Abog. Nelson Medina.
Este millonario desfalco a la empresa estatal de electricidad derivó en una posterior intervención de la Agencia Regional Alto Paraná, que se encontró con más falencias, nulos controles, pagos indebidos y sobrefacturaciones, entre otras irregularidades.
Primero descubren faltante
“Un cliente se acercó hasta la jefa comercial (de la citada oficina regional) y le mostró que ya había pagado una factura. Entonces se investigó y se encontró que efectivamente ya se pagó y no se ingresó a la caja”, contó el presidente de la ANDE, el Ing. Félix Sosa, al ser consultado sobre los avances en la investigación del sumario por este caso.
Dijo que entonces se informó a los diferentes jefes, pasando por la jefatura de la Agencia Regional, el jefe de la División de la Región Este (a cargo de lo departamentos Alto Paraná y Canindeyú), y luego por sus manos, que entonces era el director de Gestión Regional. “Yo envié a auditoría interna, como corresponde. La auditoría interna se fue, constató y confirmó la denuncia que hizo el jefe regional, luego se envió a la asesoría legal, y se denunció en el Ministerio Público”, relató.
Reconoció que el sumario fue producto de un informe del propio jefe de Agencia Regional y no como resultado de la intervención. “Yo en ese entonces estuve como jefe de todas las agencias regionales del país, en la División de Gestión Regional”, aclaró.
Por su parte, el asesor jurídico de la ANDE, Nelson Medina, indicó que el faltante fue de G. 600 millones aproximadamente, en el Área Comercial. “Esa situación fue advertida por la jefa de sección de la Agencia Regional Alto Paraná, María Lourdes Morales. Ella, a su vez, le informó a su jefe, el Ing. Juan Rosano, y este le comenta al jefe de División, el Ing. Alfredo Arguello, y él le pasa la información al director regional en aquella época, el Ing. Félix Sosa. El Ing. Sosa le informa al Ing. Luis Villordo, quien ordena una auditoría ante la irregularidad en la sección de las cajas”, detalló.
Fue la auditoría la que concluyó que hubo faltante de esa suma.
“A partir de esa situación, el presidente de la ANDE ordenó un sumario administrativo a las personas involucradas, en este caso la cajera Sandra Lima, a María Lourdes Morales, su jefa inmediata, y a otros dos funcionarios del sector”, agregó.
Actualmente, el sumario administrativo está suspendido, según explicó Medina, porque así lo determina el artículo 79 de la Ley 626, que indica que cuando el hecho del cual se le acusa al funcionario también constituye un hecho punible, el sumario debe suspenderse y esperar el resultado del proceso penal, que está a cargo del fiscal de Delitos Económicos, Juan Ledesma. “Él ya hizo algunas diligencias, pero aún no tenemos imputación en la causa, que creemos que debe darse porque hay indicios de la comisión de hechos punibles que se atribuye a los funcionarios”, explicó el abogado.