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En un contundente informe de 26 páginas, con fecha del 1 de febrero pasado, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) dejó en claro que Petróleos Paraguayos (Petropar) tiene la misma responsabilidad que la Procuraduría General de la República (PGR) en el escándalo de Texos Oil, firma argentina a la que casi obsequiaron US$ 7 millones, luego de un acuerdo secreto extrajudicial, firmado en diciembre del año pasado.
Sin embargo, el titular de la petrolera, Denis Lichi, sigue en el cargo, pese a que la Senac ya remitió el resultado de su investigación al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El exprocurador Sergio Coscia tuvo que dejar el cargo en su momento, pero Lichi sigue aferrado en su puesto, pese a que también participó activamente en este golpe que casi concretaron al Estado paraguayo.
“El procurador como el presidente de Petropar suscribieron el acuerdo transaccional, sin realizar las debidas diligencias tendientes a acreditar la conveniencia económica de dicho acto jurídico para los intereses patrimoniales del Estado”, resalta el informe al que se accedió ayer.
Asimismo, en el escrito se confirma el manejo irregular que se dio con la firma del escandaloso convenio, por lo que el caso ya está en manos de la Fiscalía. También la institución solicitó un sumario a los responsables. En el análisis judicial que realizó la Senac enfatizó que los funcionarios involucrados se exponen a ser investigados penalmente por los supuestos delitos de lesión de confianza.
Resalta que en las revisiones documentales que hicieron no encontraron ningún análisis jurídico que permita entender la responsabilidad extracontractual de Petropar, puesto que no existe contrato firmado con Texos (representado por Sergio Guillermo Marsiletti), y tampoco pudieron justificar por qué Petropar podría perder esta demanda de la empresa argentina. Asimismo, no pudieron explicar el motivo por el cual el juicio saldría a favor de Texos como para tomar la decisión de indemnizarla por daño empresarial, lucro cesante y/o pérdida de chance.
Además, agrega que no esperaron el parecer de la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) para firmar el acuerdo extrajudicial, pues esta dependencia pidió un informe el 2 de diciembre, pero ese día ya firmaron el acuerdo. La dependencia intervino luego de que Petropar haya pedido una ampliación presupuestaria a Hacienda para poder pagar a Texos.
No tenían para Hacienda, pero sí para Texos
El informe de la Senac también reveló que Petropar cuenta con compromisos con el Tesoro, debiendo transferir G. 100.000 millones en el ejercicio 2020, establecido en la Ley N° 6.469. Sin embargo, la petrolera solicitó transferir solo la suma de G. 15.000 millones “por la pandemia”, lo que demuestra que la empresa estaba dispuesta a pagar un acuerdo con terceros y no a Hacienda.
Por otro lado, resalta que el monto que finalmente se comprometió a pagar Petropar, como consecuencia del acuerdo conciliatorio, supera ampliamente los US$ 6.898.750, puesto que también se comprometió en asumir el monto correspondiente a impuestos y tasas que en total suman otros US$ 1.364.951.
Otro tema que manifestó la Senac es que hay opiniones de la asesoría jurídica de la firma estatal, recogidas en las auditorías externas de los años 2016 y 2018, en las que se menciona: “Petropar tiene 70% de probabilidades de ganar el juicio contra Texos y que nos permite opinar que avanzar en el juicio, en que tiene alto probabilidad de ganar, era el camino más recomendable”.
Abogado debe ser investigado
El misterioso abogado Abel Germán Ávalos, que debía cobrar US$ 2,8 millones del acuerdo secreto con Texos, se expone a una investigación penal por cobro indebido de honorarios, pues es funcionario permanente de la Justicia Electoral, según la Senac. Resalta que otros abogados realizaron todo el trabajo y que el funcionario público solo figuró para cobrar. “Ávalos, siendo un funcionario público, se hace acreedor de unos honorarios profesionales que surgen de un litigio judicial entablado contra los intereses patrimoniales del Estado. Siendo el tipo legal de cobro indebido de honorarios”, indica.
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